Sánchez carga a las autonomías el peso del estado de alarma, que defenderá Illa

El Gobierno insiste en los seis meses de duración y que se vote mañana


redacción / la voz

Seis meses de plazo y votarlo en el Congreso mañana mismo. Esa es la propuesta inamovible del Gobierno para este nuevo estado alarma, cuyo peso traslada a las autonomías y que será defendido por el ministro de Sanidad Salvador Illa y no por Pedro Sánchez.

La justificación del Ejecutivo a la incomparecencia del presidente, aparte de que tiene que participar por la tarde en un Consejo Europeo extraordinario por videoconferencia sobre la pandemia, es que «a partir de ahora quedará a criterio de cada autoridad competente delegada, es decir de cada presidente autonómico, cuáles son las restricciones de movilidad que hay que imponer», según señaló ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero. Entiende que no hay medidas de alcance estatal como en el primer decreto y sus prórrogas, con lo que ese control parlamentario continuo, que pretende evitar Sánchez y que exigen los grupos de la oposición, incluidos los socios de la investidura, está garantizado a través de las cámaras autonómicas.

«No es admisible que fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a ir al Congreso a presentarlo», consideró el presidente del PP, Pablo Casado, para quien Sánchez «está a tiempo de rectificar» y pactar su propuesta de reducir el plazo de alarma y «legislar de una vez contra la pandemia». Más dura se mostró incluso la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, que acusó al jefe del Ejecutivo de usar al ministro de Sanidad como «escudo humano» para «suspender libertades públicas de 47 millones de españoles».

Vox, por su parte, no apoya ni los seis meses, por «inconstitucionales» y porque «recortan libertades», ni los dos que propone el PP. Y hasta el momento ningún grupo, al margen del PSOE y Podemos- ni siquiera los habituales aliados parlamentarios- ha explicitado su apoyo. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con obtenerlo y prevé negociar en las horas que quedan otras cuestiones que le permitan mantener el plazo de seis meses.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha adelantado que junto con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, está preparando una resolución que obligue al Gobierno a rendir cuentas con una periodicidad concreta. «Los mecanismos de excepción no pueden durar medio año con el piloto automático» y el Congreso «no puede dar un cheque en blanco», opinó Errejón.

«Chirría democráticamente»

«Es que chirría democráticamente que el Congreso esté seis meses sin votación en algo tan restrictivo como el estado de alarma», consideró Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, un grupo cuyo apoyo puede resultar crucial para sacar adelante la medida, al igual que el de Ciudadanos, que hasta ahora ha respaldado todos estos decretos, pero que ya ha dejado claro que no le gusta y que negociará hasta última hora.

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, ve «excesivo, abusivo y peligrosísimo» un plazo tan largo y cree que Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso al menos cada mes o mes y medio para ser controlado.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, asume por su parte que el estado de alarma debe tener una vigencia larga, incluso contemplar un horizonte hasta mayo, pero cree «excesivo» prorrogarlo directamente durante seis meses «sin apenas control parlamentario».

Los cierres de las comunidades autónomas acechan al puente de Difuntos

la voz
Andalucía se plantea cerrar para el puente
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Los presidentes de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León se reúnen esta tarde en Ávila para abordar un posible cierre perimetral coordinado

La situación epidemiológica en España ha obligado a algunas comunidades a decretar cierres perimetrales para frenar la expansión del virus. Algunas como Aragón, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Asturias ya lo han hecho y otras lo estudian, sobre todo por la movilidad que se prevé para este próximo puente de Todos los Santos.

En Madrid, el Gobierno regional se plantea la posibilidad de cerrar la región por este motivo. Por el momento hay restricciones de movilidad en 32 zonas básicas de salud ubicadas en doce municipios, entre ellos la capital. El toque de queda comienza en esta comunidad a medianoche y las reuniones sociales están limitadas a un máximo de seis personas, exceptuando los convivientes. «Tal y como está el virus en Madrid podríamos seguir abiertos porque ya estamos en unas cifras como a finales del mes de agosto, eso no quita para que sopesemos hacia adelante qué puede pasar. Hay que ser humildes con este virus», ha señalado la presidenta de la comunidad, Isabel Ayuso. Así, ha insistido en que no hay que relajarse y que primará la decisión de los sanitarios pero ha trasladado en que también hay que tener en cuenta «el daño económico y moral».

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