El nuevo estado de alarma busca atajar el ocio nocturno

El Consejo de Ministros extraordinario decide hoy si da competencias a las comunidades


Redacción

El rumor que flotaba en el aire desde el viernes se ha confirmado. Finalmente, Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros con carácter extraordinario para hoy en el que abordará la declaración del estado de alarma. Esta convocatoria viene empujada por la petición de diez Ejecutivos autonómicos -seis de ellos, del PSOE-, básicamente para poder aplicar un toque de queda que sea eficaz en la lucha contra la pandemia. 

Las peticiones de hasta ocho comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco entre ellas, para que un nuevo estado de alarma ayude a frenar al coronavirus, así como la de Cs, garantizan el apoyo del Congreso y encarrilan posibles prórrogas. Que los Gobiernos catalán y vasco se decanten por esta figura constitucional, con la condición de que sean las autoridades competentes mientras esté en vigor, se traduciría en el apoyo parlamentario de ERC, JxCat y PNV.

La suma de los diez diputados de Cs, tal y como ha prometido su líder, Inés Arrimadas, otorga al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos un margen más que holgado tanto para que se acepte políticamente el estado de alarma como para que se pueda alargar en el tiempo. En esta ecuación, el PP no es imprescindible, pues extender el período del estado de alarma requiere mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

La formación de Pablo Casado y las autonomías que gobierna no se han sumado de momento a la lista de las que han solicitado el estado de alarma, si bien el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado que, si es la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Comunidad la apoyará.

Uno de los principales barones de la formación de Pablo Casado, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha expresado de forma reiterada sus críticas al estado de alarma, también ayer mismo, cuando defendió actuar con contundencia contra la pandemia, a través de una ley específica de salud, y sin generar alarmismos.

En el caso de que el PP no entrara en la ecuación del respaldo parlamentario, se reproduciría el escenario por el que circularon las tres últimas prórrogas del estado de alarma declarado en la pasada primavera. Durante los meses de mayo y junio, este estatus jurídico motivado por la emergencia sanitaria se mantuvo gracias a los votos del PSOE, Unidas Podemos, Cs y PNV, esencialmente. Representan, todos juntos, 171 diputados.

La Constitución, la ley de 1981 y el reglamento del Congreso definen el procedimiento que conlleva un estado de alarma: el Ejecutivo, si así lo aprueba en Consejo de Ministros, comunicará al pleno de la Cámara la declaración y entrada en vigor. Ese debate no requiere votación, por lo que las alianzas parlamentarias no son apremiantes.

Ahora bien, dado el contexto político, es importante que la decisión no reciba la contestación de los grupos parlamentarios. No en balde el Gobierno insiste en la relevancia de la unidad política. Son las posibles prórrogas del estado de alarma las que sí necesitan votación, y entonces las alianzas parlamentarias resultan fundamentales.

La evolución de la pandemia del coronavirus ha alcanzado cotas preocupantes: la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes ha encendido las alarmas en prácticamente todas las autonomías, entre otras razones porque la capacidad hospitalaria comienza a saturarse.

El presidente, Pedro Sánchez, compareció ayer por sorpresa para transmitir a la ciudadanía que su intención es evitar «a toda costa» el confinamiento domiciliario de marzo y abril y, por ello, pidió disciplina social y unidad política para adoptar las medidas que sean necesarias. El Gobierno está preparado para dar forma jurídica a las restricciones que las comunidades demandan: esa forma jurídica es el estado de alarma.

Si se aprobara, sería el tercero declarado para combatir la pandemia tras el de la primavera (seis veces prorrogado en el Congreso) y el que aún afecta a la Comunidad de Madrid, pues expira precisamente este sábado. El objetivo es restringir la movilidad, en especial la relacionada con el ocio, de ahí que haya resurgido la expresión «toque de queda».

Durante la jornada de ayer, a raíz de la intervención de Sánchez, ocho autonomías fueron anunciando, en cascada, que pedirán al Gobierno que declare el estado de alarma. El País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, al igual que la ciudad de Melilla, abogaron por esta figura que obliga al Gobierno a acudir al Congreso tanto para informar sobre su entrada en vigor como para prorrogarla.

El plazo inicial es de 15 días, pero las prórrogas no están tasadas. La pandemia avanza ahora imparable, en esta segunda ola, y tanto el presidente como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han vaticinado meses y semanas «duras». Que en el Congreso haya una mayoría a favor del estado de alarma y a favor de su eventual extensión temporal resulta crucial. Por el momento el Gobierno la tiene, incluso sin el PP.

¿Necesita una sociedad como la española un toque de queda para detener al covid?

María Viñas
Las calles de París, vacías durante el toque de queda
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El objetivo es reducir la movilidad en la hora punta de los contagios: por la noche, cuando los españoles se reúnen con no convivientes y frecuentan locales. La medida urge. La cantidad de contagios nuevos que aparecen cada día revelan que el virus campa a sus anchas, que los rastreadores ya no son capaces de seguirle el ritmo. El panorama se vuelve más que desfavorable de cara al invierno, con el frío vaciando las terrazas y apremiando a los que se niegan a abandonar las calles a concentrarse en el interior de los bares. Pero, ¿cómo afectaría a una sociedad como la española un toque de queda? Expertos en psicología social valoran su impacto en los comportamientos.

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