Gobierno y comunidades siguen trabajando en un documento de criterios uniformes para actuar de manera coordinada ante los brotes
17 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Las comparaciones son odiosas, pero en esta pandemia sirven para dejar claro que la coordinación tampoco surfea la segunda ola epidémica. El fin de la desescalada y la negativa a seguir prorrogando el estado de alarma dejó en manos de las comunidades la gestión de esa nueva normalidad en continua interrupción. Los brotes no tardaron demasiado en germinar y comenzaron a extenderse por Cataluña y Aragón. Cada una decidió según sus competencias. No fue hasta mediados de agosto que un consejo interterritorial empezó a poner normas comunes. A Coruña era el gran brote de Galicia, que implantaba la restricción de fumar en la calle sin distancia. Fue una de las medidas estrella de aquel consejo que también establecía el cierre del ocio nocturno en todo el territorio nacional. Fue un tímido avance en una coordinación que sigue siendo objeto de una negociación tan dilatada que han pasado ocho meses de crisis sanitaria y todavía no hay criterios consensuados de actuación ante una situación de la que nadie se libra.
Hoy, mientras Asturias desanda el camino hacia una fase 2 actualizada para frenar una incidencia que es de las más bajas del Estado, Madrid porfía en levantar un estado de alarma impuesto por un Gobierno central que aguardó a que la transmisión se descontrolase hasta niveles que hacían sonrojar la región en los mapas europeos. Los primeros cierres perimetrales en Madrid se dieron con una incidencia acumulada de más de 700 casos. Galicia no esperó a que remontase por encima de los 500 para tomar la misma medida en Ourense.
Ahí, en esa cifra, se declaró una guerra. El Gobierno presentó un acuerdo de mínimos y de urgencia para actuar en Madrid, que se descolgó de la iniciativa. Centrado en tres indicadores (incidencia acumulada, tasa de PCR positiva y ocupación de ucis) y dirigido a poblaciones de más de 100.000 habitantes, el triunvirato epidemiológico se sostiene por las costuras, porque varias comunidades votaron en contra, entre ellas Galicia, que veía demasiados gruesos los trazos y muy poca adecuación a la diversidad territorial y demográfica de las distintas comunidades.
Ahora, semanas después de aquella negociación fallida, hay un nuevo borrador sobre la mesa que tiene en cuenta muchos más parámetros que los tres de la discordia. Un puzzle de indicadores que permite ir encajando niveles de alarma y con ellos, tener restricciones uniformes, desde las reuniones hasta los aforos en el transporte público. Que dice si la docencia tiene que pasar a ser a distancia o si en las residencias de mayores es hora de limitar las visitas.
Dos meses después del consejo interterritorial que inaguró una vía actuación coordinada que se resiste a abandonar la esfera de la utopía, parece que hay voluntad de diálogo, cierta conformidad ante un documento que «botamos de menos noutros momentos da situación vivida». Lo reconocía el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que lanza también alguna crítica: el documento es más rico, trufado de criterios técnicos, pero hay que seguir avanzando en ellos. Y además, hay que acompasarlo a la realida de cada territorio. Cada comunidad debe desarrollarlo según su situación e idiosincrasia: no es lo mismo la dispersión poblacional que las grandes urbes. No es lo mismo una población joven que otra envejecida. Pero por fin, «esta é a liña».
