Tras la resolución del Consello Consultivo, que avala que los ayuntamientos tienen competencias para sancionar, los policías denuncian que no tienen claro cómo tramitar las actas: ni a quién tienen que dirigirlas ni si se están siquiera cursando
20 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Si una patrulla policial (ya sea local, autonómica o nacional) se encuentra a día de hoy a un ciudadano por la calle sin mascarilla, fumando a menos de dos metros de otra persona o reunido con más de diez lo que sucede (o lo que debería) es lo siguiente: los agentes le comunican al infractor que está incumpliendo la normativa covid, le piden que se identifique y hacen lo propio ellos mismos, y proceden a cubrir un acta, en la que recogen sus datos, el lugar y la hora de los hechos, y un resumen de la situación. A continuación, le entregan una copia del documento y guardan el original para, posteriormente, tramitarlo. Pero, ¿a quién deben dirigir esta propuesta de sanción? Sindicatos policiales denuncian confusión tras la última resolución del Consello Consultivo, que la semana pasada avaló que los ayuntamientos tienen competencias para tramitar los expedientes aunque no existan las ordenanzas municipales concretas al respecto. Ahora no saben quién es la autoridad que debe emitir las multas, si el Gobierno, la Xunta de Galicia o los alcaldes y, por tanto, no tienen claro cómo llevar a cabo la gestión.
«A día de hoy, los policías no sabemos si las sanciones que se han impuesto, bien durante el estado de alarma, bien ahora con las nuevas restricciones decretadas por la Xunta y recogidas en el Diario Oficial de Galicia, están llegando o no a los ciudadanos y tampoco nos han aclarado en las reuniones que mantenemos con la jefatura superior a qué órgano tenemos que remitir las actas que hacemos», mantiene Roberto González, secretario general del SUP.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Galicia considera que desde la Subdelegación del Gobierno deberían impartirse unas directrices claras a los responsables policiales y elaborarse un modelo de acta única al efecto. «Nosotros en Ourense utilizamos una y la dirigimos a la Xunta, en Santiago usan otra distinta y la mandan al ayuntamiento, en A Coruña la tramitan por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y la dirigen a la Subdelegación», explica González. «Parecemos el ejército de Pancho Villa -lamenta-. Hay bastante descontento entre nuestros compañeros, porque no saben siquiera si las sanciones están llegando y si el trabajo que se está haciendo va a tener recorrido. Nos da la sensación de que las normas se dictan y se dejan ahí, de que no hay demasiado interés en aplicar las sanciones».
Ante el desacuerdo entre municipios y Xunta sobre a qué administración le corresponde tramitar las multas derivadas de los incumplimientos de las restricciones, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo, que advirtió a los ciudadanos de que las sanciones acabarían llegando y de que había un año de plazo para ello, solicitó al órgano jurídico gallego que se pronunciase al respecto. El Consultivo resolvió que los ayuntamientos son los competentes para incoar, tramitar y resolver estos expedientes, una capacidad sancionadora que está restringida a las competencias de ámbito municipal.
Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias sostienen, sin embargo, que ninguno de los informes emitidos hasta el momento es vinculante: ni el de la Abogacía del Estado, ni el de la Xunta, ni el del Consultivo que acaba de avalar estas competencias. Insisten en que, por ahora, la decisión está en manos de cada concello, y en que así se les ha trasladado todos. «Las multas se tramitarán, lo que no tenemos claro todavía es quién». Mañana, martes, se tratará el asunto en la ejecutiva de la Fegamp.
