El Gobierno aplica las restricciones de movilidad previas al pronunciamiento del TSJM
10 oct 2020 . Actualizado a las 08:55 h.«La paciencia tiene un límite», afirmaba ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y la del Gobierno central con Madrid se agotó ayer al filo del mediodía. La llamada telefónica de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez unos minutos después de las 12 horas no hizo cambiar de opinión al jefe del Ejecutivo, y solo sirvió para que este la transmitiera de primera mano a la presidenta madrileña su firme decisión de decretar el estado de alarma en la capital española y los otros ocho municipios de la región más afectados por el covid-19. La medida entró en vigor poco antes de las 17 horas, cuando fue publicada en la versión digital del BOE, casi tres horas más tarde de lo previsto. Y permanecerá activa al menos durante los próximos 15 días naturales, el tiempo máximo que contempla la ley. En caso de necesitar una prórroga, el Ejecutivo deberá acudir al Congreso de los Diputados a solicitar su permiso, algo que Moncloa confía en que no resulte necesario.
La intención del Gobierno era frenar a toda costa los millones de desplazamientos previstos para el puente del Pilar y evitar así la propagación del virus por otras zonas de España.
«Hay transmisión comunitaria», justificaba el titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario convocado de urgencia, y que también se alargó algo más de lo previsto. El sanedrín fue presidido por la vicepresidenta Calvo, dado que Sánchez siguió con su agenda y se trasladó a primera hora a Barcelona para participar en un acto económico con Felipe VI. Sánchez había citado a los miembros de su Gobierno a las 8.30 de la mañana para aprobar la orden ministerial que activase la alarma en Madrid en caso de que Ayuso no respondiese al ultimátum que le trasladó el jefe del Ejecutivo en una conversación telefónica durante la noche del jueves.
La situación en la capital y en el resto de ciudades periféricas fue considerada por Moncloa como insostenible, por lo Sánchez ofreció a Ayuso que eligiera entre tres escenarios: el primero, que dictase una orden amparada en la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública mediante la que recuperar las restricciones impuestas la pasada semana por el Gobierno y anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El segundo escenario tenía el mismo objetivo de recuperar la situación anterior al pronunciamiento de la justicia, pero en este caso mediante una solicitud del gobierno autonómico para que el Ejecutivo aplicase el estado de alarma de forma «conjunta». El tercero, y considerado por las dos partes como más drástico, consistía en la aplicación del estado de alarma de forma discrecional por parte del Ejecutivo. Y dado que el gobierno autonómico se dedicó a, en palabras de Illa, «no hacer nada», Moncloa activó la tercera vía.
La Comunidad denuncia doble rasero
Fuentes de ambos Ejecutivos confirman a este periódico que la única interlocución entre Moncloa y Sol a lo largo de la mañana se produjo entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y que sirvieron poco más que para constatar las profundas diferencias que mantienen los dos socios del Gobierno de coalición en Madrid. Una vez que la situación no tenía marcha atrás, fue el propio dirigente de Cs, que amaga con participar en una moción de censura, el que manifestó que existía «una alternativa al choque entre administraciones».
La colisión fue considerable a juzgar por las palabras del responsable de Sanidad. «La obligación de este Gobierno, y de cualquier gobierno con alma, es frenar la curva, aunque suponga algunos sacrificios», manifestó.
En el Ejecutivo autonómico consideran que las medidas son exageradas para la situación epidemiológica de la región, y denuncian que no se les aplica el mismo rasero que a otras comunidades, en donde el avance del virus preocupa, como por ejemplo Navarra, y mucho menos en Cataluña, «en donde jamás se atreverían» a declarar la alarma, sostienen fuentes populares. Illa argumentó que «el resto de comunidades sí están actuando», y que lo único que les había movido fue «proteger la salud» de los madrileños.
La oposición reprocha a Sánchez su «obsesión» por atacar a Madrid
El argumentario del PP sigue intacto: Pedro Sánchez la tiene tomada con Madrid. Mientras sus socios de Gobierno cierran filas con el presidente y el ministro de Sanidad, desde la oposición reprochan a Moncloa haber aplicado un estado de alarma con discrecionalidad.
PABLO CASADO
«A Sánchez le ha sobrado soberbia y le ha faltado diálogo». El líder del PP está convencido de que Pedro Sánchez ha intervenido Madrid con «fines partidistas», anteponiendo la «soberbia» al diálogo para, en su «obsesión» de «atacar» al Gobierno regional, decretar un estado de alarma que demoniza a los madrileños. Casado considera «muy grave» y arrogante que el Ejecutivo haya impuesto las mismas medidas anuladas el día anterior, por lo que ya ha reclamado la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso.
PABLO IGLESIAS
«Quienes se oponían a tomar medidas ponían en riesgo la salud, pero también la economía». Para el vicepresidente segundo del Gobierno, el estado de alarma está más que justificado. Apela en su defensa a la salud, pero también a la economía, en riesgo por quiénes «llevaban semanas oponiéndose a tomar medidas», en referencia al Ejecutivo de Ayuso. «No habrá recuperación sin control de la pandemia. El camino es obvio hace tiempo: más rastreadores, más sanitarios, más transporte público».
MARTÍNEZ-ALMEIDA
«A esta ciudad no nos va a doblegar ni la pandemia, ni Sánchez». Como Casado, el alcalde de Madrid acusa la falta de diálogo del presidente del Ejecutivo y cree que si algo ha triunfado es la «la imposición y la fijación del Gobierno con Madrid». Los ciudadanos van a cumplir las normas, respondiendo «democráticamente a esta tropelía», aseguró Almeida. «Pero a esta ciudad no nos va a doblegar ni la pandemia, ni Pedro Sánchez», advirtió.
