Los ludópatas registrados en una comunidad tampoco podrán jugar en otras
SOCIEDAD
El Gobierno central, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una «coordinación total» en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. Para ello, el Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aprobó ayer la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego. El acuerdo cuenta con el apoyo de todas las autonomías, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones del País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Cuando una persona detecta su adicción al juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos que le impide el acceso a esta actividad. Al darse de alta, la Administración y las empresas impiden el acceso a salas o portales en Internet donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos devastadores de una acción compulsiva.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad posee uno propio. El registro estatal -que depende del Ministerio de Consumo- impide el acceso al juego en Internet, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las autonomías. A partir de ahora, los ludópatas registrados en una comunidad tampoco podrán entrar en casas de juego de otros puntos de España.
Apoyo de la Xunta
La Xunta respaldó la medida, según destacó el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. «La Xunta lleva demandando desde hace años esta medida, con la finalidad de proteger a colectivos especialmente vulnerables», señala un comunicado. En esta línea de protección enmarca el anteproyecto de ley de juego que tramita la comunidad gallega. El objetivo es hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que se les prohíba la participación en las actividades de juego.