España es el segundo país europeo con más incidencia de muertes por el virus

Supera por primera vez los 30.000 fallecidos y los 600.000 casos

El hospital La Paz de Madrid inició este martes los ensayos clínicos de la vacuna de Jansen
El hospital La Paz de Madrid inició este martes los ensayos clínicos de la vacuna de Jansen

redacción / la voz

Los muertos llegan con retraso, pero siempre acaban apareciendo después de un repunte de casos de coronavirus. La máxima que repiten los especialistas ha vuelto a cumplirse de forma inexorable en España. No son en absoluto las cifras del pico de la pandemia, pero el número de decesos ha experimentado un importante repunte desde hace un mes, coincidiendo con la ola de rebrotes que vive el país y que todavía continúa. Desde el 15 de agosto la lista de fallecidos por el coronavirus ha sumado 1.487 víctimas en territorio nacional.

Ese mismo día la incidencia acumulada de casos con respecto a los últimos 14 días era elevada con respecto al final del estado de alarma, del que salimos el 21 de junio, pero se mantenía en una modesta cifra de 115,6 por cada cien mil habitantes. Un mes después se ha más que duplicado, con 278,8, la más alta de Europa con mucha diferencia al segundo país más afectado: Francia, con una incidencia de 158.5. Más allá de Europa, es el segundo país del mundo con una mayor incidencia acumulada de contagios, solo por detrás de Argentina, con 302 por 100.000 habitantes.

Este aumento de positivos tiene su correlación con el incremento de los óbitos y, en estos momentos, España es el segundo país europeo, después de Rumanía, con la tasa de fallecidos más elevada, según los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). En los últimos 14 días la cifra de decesos por 100.000 habitantes se sitúa en 1,6, muy por encima del 0,5 de Francia y Portugal; del 0,2 del Reino Unido e Italia o del 0,1 de Alemania. Son datos que acreditan que España, por unas razones o por otras, ha sido el país que peor ha gestionado los rebrotes de coronavirus ocurridos durante el verano. Solo nos supera Rumanía, con 2,9, y se acerca Bulgaria, con 1,4.

Los datos europeos tienen su reflejo mucho más duro aún en los aportados ayer por el Ministerio de Sanidad. En un solo día se han computado 156 fallecidos, una cifra muy parecida a la de los inicios del pico de la epidemia, aunque esta cifra no quiere decir que todos los fallecidos hubieran ocurrido en las últimas 24 horas, sino que esta cifra tan alta puede deberse a la actualización de las notificaciones de las comunidades, que llegan con retraso.

De una forma o de otra, el hecho real es que España ha superado por primera vez la cifra de los treinta mil muertos por covid-19. Son, en cifras exactas, 30.004.

Un tercio en Madrid

El número de nuevos casos tampoco se ha ralentizado. Todo lo contrario. Son 9.437 contagiados más, y ello sin sumar los datos de Cataluña, que no ha podido actualizarlos. Es la peor cifra de todo el verano y que eleva el número total de afectados, también por primera vez, por encima de los 600.000. Son, en concreto, 603.167 positivos.

Más de un tercio de los nuevos positivos diagnosticados el día previo se han declaro en Madrid, que con 1.207 afectados en una sola jornada está muy por encima de los datos aportados por Navarra (302) y el País Vasco (270), las otras dos comunidades más afectadas ahora mismo.

La Fiscalía pide que se archiven todas las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y, en otras, contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o los ministros Salvador Illa y Grande Marlaska

La Voz

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, al considerar que no se puede abrir una causa general contra el Ejecutivo. En un informe de 300 páginas, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, aborda las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo de forma individualizada sin entrar en consideraciones genéricas aunque si comparte argumentaciones.

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y en otras contra el presidente, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska, por delitos como homicidio y lesiones imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores o desobediencia. Y aunque no ofrece una visión global de todas las querellas, sí que advierte en cinco de ellas que no se puede abrir una causa general contra el Gobierno o un ministro cualquiera.

Del mismo modo que asegura, como recoge Efe, que «resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo».

«Resultando aún más absurdo -continúa- pensar que no sólo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del COVID-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural».

Ya entrando en el caso concreto, una de las más mediáticas es la de Vox, que rechaza porque «resulta palmario que mientras que los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en principio de prueba alguno que justifique la incoación de un procedimiento penal».

Es más, tacha la querella de «genérica» ya que «no se determina ni cuándo se han producidos los hechos, ni quienes son los sujetos pasivos de los delitos atribuidos, ni cuántos y cuáles son los homicidios y lesiones imprudentes» como tampoco en qué centros de trabajo se han producido la falta de medidas.

Asimismo, no menciona los concretos incumplimientos, ni los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuales son los equipos de protección que no se han proporcionado, «lo cual hace no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica proscrita en nuestro ordenamiento».

Tampoco ve indicios de delito en los hechos relatados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la querella que interpuso contra Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, donde pedía investigar las gestiones para la adquisición de material de protección, los controles y los requisitos exigidos para su compra.

La Fiscalía sostiene que CESM atribuye al ministro responsabilidad criminal «a todas luces difusa y genérica» y no por su «concreta intervención» en los hechos, sino «en atención» a su cargo, y concluye que la querella «no aporta principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo».

Mismo criterio sigue la Fiscalía con la querella que el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España interpuso contra Sánchez e Illa, donde les reprochan «falta de previsión» y de medidas para proteger a los trabajadores sanitarios.

También aquí el fiscal ve «manifiesta indeterminación de los hechos atribuidos» sin «elemento probatorio alguno que avale el objeto de la querella», y subraya «lo genérico» de la querella, «que pretende ser una ´causa general´ contra el Gobierno y en concreto contra Sanidad por la gestión de la crisis sanitaria.

Igualmente señala que »no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad criminal« a Illa ni Grande Marlaska como pretende la Asociación Profesional de la Guardia Civil.

Así, niega la existencia de un delito de los trabajadores porque »las referencias genéricas sobre la falta de equipos de protección y la falta de control de los adquiridos nos impide determinar que la conducta suponga una vulneración de la normativa«.

Y en cuanto al homicidio imprudente, el fiscal afirma que »los querellantes se han limitado a atribuir a los ministros muertes sin identificar, en ocasiones al fallecido, ni las condiciones en que se produjo su contagio«.

Asimismo, rechaza que Sánchez e Iglesias hayan cometido un delito de desobediencia, como señala alguna de las querellas, puesto que »resulta evidente« que no pudieron desobedecer orden alguna, »cuando no consta que previamente la recibieran«, y precisa que los organismos Internacionales »se limitaron a dictar y ofrecer recomendaciones a los distintos países«, sin que su incumplimiento, en el caso de haber tenido lugar, justificase dicho delito.

Ahora, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo decidir si sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza las querellas o, en cambio, inicia una investigación respecto de ellas. Mientras tanto, la Fiscalía elabora el otro informe pendiente de remitir al alto tribunal, sobre la treintena de denuncias contra el Ejecutivo.

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