La entidad atendió a 1.210 familias gallegas que nunca antes lo habían solicitado
11 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El drama social generado por el covid-19 golpeó directamente al equilibrio económico de las entidades sociales que trabajan en la primera línea asistencial. Cáritas tuvo que dejar a un lado sus programas de formación y de empleo para centrar todos sus esfuerzos en la atención primaria. En la Diócesis de Santiago, en la que se integran más de 300 delegaciones parroquiales, aumentaron las peticiones de auxilio en un 43 % durante el estado de alarma con respecto al mismo período del año pasado.
Su director, Anuncio Mouriño, indicó que Cáritas lleva dos años cerrando las cuentas con déficit, y la crisis sanitaria «agrava la situación, porque los donativos se han visto reducidos. Muchas personas dejaron de ayudar al considerar erróneamente que la crisis económica está superada». El director indicó que, coincidiendo con los peores momentos del covid, empresas y particulares realizaron donativos puntuales.
Entre el 16 de marzo y el 30 de mayo, 1.210 familias nuevas, que nunca acudieron a la entidad para pedir ayuda, se acercaron a las Cáritas Interparroquiales de A Coruña, Pontevedra, Santiago, Arousa y Bergantiños para «pedir ayuda para comer, para pagar el alquiler y para gastos de servicios básicos», apuntó Mouriño, director de la entidad. Otras 307 familias, que habían dejado de ser usuarias de Cáritas y que lo fueron antes del 2018, volvieron a tocar a su puerta. Cáritas auxilió entre marzo y mayo a un total de 4.621 familias, que superan las catorce mil personas. Para los técnicos de la oenegé, el grupo de los que había logrado su independencia económica y vuelven a ser usuarias es «el más preocupante, porque supone una regresión después de un gran esfuerzo».
En el perfil del demandante de ayuda se produjo, debido a la crisis sanitaria, un cambio. En los últimos años, los nacionales eran mayoría frente a los extranjeros, pero ahora se incrementa el de los extranjeros extracomunitarios. Mouriño explicó que, detrás de esta situación, está la economía sumergida, ya que buena parte de los demandantes son personas sin documentación, «que tardan tres años de media en regularizar la situación, y que solo pueden trabajar en negro». Este colectivo se quedó sin prestaciones sociales y sin ERTE, por lo que «solo les queda recurrir a Cáritas». Otro de los grupos atendidos por la entidad son los «trabajadores que tardaron mucho en cobrar sus ERTE, y que al cobrar reciben cantidades bajas», así como autónomos «solos o con uno o dos empleados, y que no pueden afrontar lo básico».
Mouriño fue especialmente crítico con las ayudas sociales al alquiler o las del bono eléctrico, «al que muchos no pueden acceder al no tener los contratos a su nombre». La entidad gastó un millón de euros en el pago de alquileres «en los dos últimos años, y esta cantidad se incrementará aún más por lo que estamos soportando con el covid. No es una situación que se pueda aguantar mucho tiempo». En este sentido, el director se mostró esperanzado con la posibilidad de que la Xunta, por medio de Políticas Sociais, ayude a la entidad, y agradeció también la implicación de algunos concellos, «que sorprendieron gratamente con su reacción».
Anuncio Mouriño reclama un reparto más «justo» de los fondos del IRPF, «porque este año, Galicia los verá reducidos en un 20 %. Esto, si no se rectifica, será un duro golpe para las entidades sociales del tercer sector».