Las oenegés piden una tramitación rápida de la legislación que vela por el menor
10 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Ahora empezará la tramitación parlamentaria de una norma ampliamente reclamaba por diferentes sectores sociales, y que constituye uno de los proyectos más destacados por el actual Ejecutivo.
EL SÍMBOLO
James Rhodes. Se conoce también como Ley Rhodes, en referencia al músico británico que sufrió abusos sexuales en su infancia por parte de un profesor de educación física, una desagradable experiencia que plasmó en su libro Instrumental, creando una gran conmoción y sacando a la luz las atrocidades que sufren muchos niños. Residente en España desde hace años, el artista le escribió una carta a Pedro Sánchez ofreciendo su ayuda para trabajar en la lucha de los derechos de la infancia. El presidente le contestó de inmediato y se comprometió a redactar una ley que ahora se hace realidad.
PRESCRIPCIÓN
Denunciar hasta los 45. El plazo de prescripción de los delitos graves a menores empezaba a contar desde que la víctima cumplía 18 años, y ahora arrancará a los 30. Se amplía de esta manera en 12 años el margen de tiempo que tiene una persona para poder denunciar. En casos graves podría hacerlo hasta los 45 años. Antes, esa opción quedaba anulada a partir de los 33 años. En cualquier caso, pese a considerar que es un paso adelante importante algunos grupos ya han pedido al Gobierno que sea más ambicioso en ese aspecto durante la fase de enmiendas. La presidenta de la Fundación Vicki Bernadet, por ejemplo, solicitó que se suba hasta los 40 años el momento desde el cual empiezan a contar el plazo. Argumenta que la mayoría de las denuncias se producen entre los 45 y los 55 años.
DEBER
Posición del cónyuge. Tanto él como los familiares cercanos quedan obligados a denunciar cuando se trate de un delito grave contra un menor. Además, con carácter general se extiende el deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños o adolescentes a la autoridad, aun cuando no sea delito. Este mandato es especialmente importante entre aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
PATRIA POTESTAD
Privación. No podrán ejercerla los condenados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera hijo del autor. Igualmente, tendrán dificultad para disfrutar de los beneficios penitenciarios una vez que entren en la cárcel: se endurecerán las condiciones para acceder al tercer grado o a la libertad condicional y los permisos penitenciarios.
TECNOLOGÍAS
Nuevos modos de delinquir. La ley persigue de manera especial los delitos a través de Internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
DISTINCIÓN
Abuso y agresión. La ley no distingue entre abuso y agresión sexual. Tal y como indica Europa Press, fuentes del Gobierno señalan que establecer esta distinción hubiera supuesto retroceder «como mínimo seis meses». Esto es debido, señalan esas mismas fuentes, a que habría que retrotraer todos los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En todo caso, señalan que están abiertos a modificaciones durante la tramitación.
URGENCIA
Petición de las oenegés. Las asociaciones que velan por los menores piden celeridad. Unicef dice que ley llega «en un momento clave», y espera que la aprobación final «se produzca lo antes posible». Recuerda además que la norma llega diez años después de que el Comité de Derechos del Niño recomendara a España elaborar una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia. Desde Educo también se destaca la prisa: «Esos niños y niñas no pueden esperar más a que se apruebe esta ley», opina Clarisa Giamello, su responsable de relaciones institucionales. La Fundación Anar se ha expresado en términos similares.
EDUCADORES SOCIALES
Reivindican su función. El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales piden que sus funciones no sean «usurpadas» por la nueva figura del coordinador de bienestar y protección que recoge la ley. Consideran que le atribuyen funciones propias de los educadores sociales en el sistema educativo. Por ese motivo, demandan su inclusión en centros educativos para ejercerlas correctamente.
PABLO IGLESIAS
Disculpas. «Quiero pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde. Ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños y adolescentes lo que les pasó a ellos». Así habló ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
CRÍTICAS
Sin menciones a la iglesia. El portavoz de la asociación Infancia Robada y primera víctima que denunció los abusos sexuales cometidos en la abadía de Montserrat (Barcelona), Miguel Hurtado, lamenta que la norma «silencia» a los niños que sufrieron abusos por parte del clero, pues «no menciona cómo luchar» contra la pederastia en la Iglesia. Dice que, pese a los avances, le deja «un sabor agridulce, ya que habla de cómo prevenir los abusos en la familia, en la escuela y el deporte, pero no menciona cómo luchar contra los abusos en la Iglesia».