Los muertos en residencias suponen más del 70 % de los totales reconocidos

Juan Ventura Lado Alvela
J. V. Lado REDACCIÓN

SOCIEDAD

Castilla y León notifica más víctimas en estos centros que el Gobierno en toda la comunidad

31 may 2020 . Actualizado a las 09:29 h.

Las residencias de mayores han sido en la mayor parte de Europa, y en España especialmente, el verdadero agujero negro de la pandemia del covid-19. Ya se sabía, pero los números lo dejan cada vez más claro. Aunque el Ministerio de Sanidad sigue sin ofrecer un balance de los datos que le pidió a las comunidades el 8 de abril, cada autonomía por su cuenta sí publica de manera más o menos diaria la cantidad de víctimas habidas en estos centros. Así, desde el inicio de la epidemia han perdido la vida en las residencias más de 19.000 personas, lo que supone el 70,7 % de los 27.125 fallecidos oficialmente confirmados por el covid-19 hasta el viernes 29 de mayo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuestionado al respecto, señaló esta misma semana que el Gobierno contabiliza todos los muertos con una prueba positiva «vengan de donde vengan» y ahí está la clave que impide que ambas cifras, los 19.000 que dan las comunidades y los 27.000 en total que recoge el ministerio no sean ni siquiera comparables.

En Galicia, y en algunas comunidades más, los datos coinciden desde hace ya semanas. Los fallecimientos en residencias computan en la cifra total, pero hay otras que, además de los confirmados, también publican los casos sospechosos porque antes de fallecer presentaban síntomas compatibles con el covid-19 aunque la presencia del virus no se llegase a confirmar con una PCR.

Así, en Madrid son 5.897 las muertes con coronavirus o con sintomatología, según los datos que ofrece Sanidad Mortuoria, mientras que el registro del Gobierno cifra en 8.691 las víctimas totales en la comunidad, sin que acabe de quedar claro cuáles incluye y cuáles no, porque incluso si se tienen en cuenta solo los casos confirmados los balances tampoco coinciden.

En Cataluña, que emplea datos de las funerarias para medir el impacto del coronavirus, cuentan 3.695 óbitos entre los residentes, cuando se supone que el total es de 5.587 decesos en el conjunto de la comunidad.

Pero hay casos bastante más llamativos, como el de Castilla-La Mancha, donde hay 1.257 víctimas confirmadas y otras 1.186 sospechosas, un total de 2.446, frente a las 2.945 de la comunidad, con lo que, si estos datos fuesen comparables, apenas 500 personas habrían fallecido entre el resto de la población en toda esta epidemia.

En Castilla y León la situación es incluso más paradójica, porque las muertes en residencias superan al total de las confirmadas en el territorio. Son 2.568 fallecidos, 1.566 confirmados y otros 1.102 sospechosos, frente a los 1.923 que incluye el registro de Sanidad. Por tanto, aun atendiendo solo a los que perdieron la vida después de que se le practicase una PCR con resultado positivo, suponen más de dos de cada tres de los decesos, lo que indica que todavía hay muchos números que cuadrar para tener una visión real de lo que ha ocurrido con las residencias en el conjunto del país. De hecho, en base a estas cifras, salen datos tan escalofriantes como que en Madrid habrían fallecido por el covid-19 más del 10 % de los mayores que había en las residencias.

Los criterios de Madrid para los ingresos en las ucis acaban en la Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra varios hospitales de la comunidad para esclarecer los criterios a la hora de seleccionar qué pacientes eran o no ingresados en unidades de cuidados intensivos y quiénes tenían acceso a un respirador. Ha remitido ya un oficio a cada uno de los centros hospitalarios para aclarar cuáles son esos criterios médicos de acceso a los respiradores y a las uci.

La apertura de estas diligencias de investigación se produce tras una denuncia del Defensor del Paciente, que quiere que «se depuren responsabilidades» ante «la cantidad de fallecidos que no pudieron ingresar al hospital ni se vieron sometidos a ningún tratamiento», especialmente los de las residencias de mayores. «Lo que pretendemos es averiguar por qué no se ingresaba a muchos pacientes en las ucis, a qué motivos obedecía, si había una orden o un mandato», explican desde el colectivo.

Estas denuncian llegan después de que hayan trascendido varios protocolos internos con los que, supuestamente, se limitaba tanto el traslado a hospitales como el ingreso en las ucis de personas con escasa esperanza de vida o graves deterioros físicos y cognitivos.

En total, la Fiscalía mantiene abiertas 190 diligencias civiles y 171 penales en relación con la gestión de las residencias, más de la mitad en Madrid.