Sánchez hace concesiones a ERC y al PNV para garantizarse la prórroga del estado de alarma

El Gobierno se compromete a que las autonomías participen en la gestión de los fondos de recostrucción de la Unión Europea y a que los presidentes de comunidad sean la única autoridad en la fase 3, excepto para la libertad de circulación. La abstención de los republicanos y el apoyo de los nacionalistas vascos garantiza al Gobierno sacar adelante la votación

Pere Aragonès (ERC) y Quim Torra (JxCat), este miércoles, en el pleno del Parlamento de Catalán
Pere Aragonès (ERC) y Quim Torra (JxCat), este miércoles, en el pleno del Parlamento de Catalán

Madrid / La Voz

Pedro Sánchez tiene en su mano sacar adelante la sexta prórroga del estado de alarma, manteniendo así la medida excepcional al menos hasta el día 22 de junio, cuando previsiblemente todos los territorios estarán en la tercera fase de la desescalada. PSOE y ERC han llegado a un acuerdo por el que los republicanos se abstendrán en la votación sobre la prórroga que el Gobierno solicitará al Congreso el próximo miércoles. Y el PNV anunció su apoyo a la prórroga tras llegar también a un acuerdo con el Gobierno para que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3. Con esos números, el Ejecutivo tiene garantizada la aprobación de la prórroga, incluso en el caso de que Ciudadanos votara en contra, gracias al apoyo de otros partidos pequeños como Más País, el PRC o Teruel existe, aunque aspira a aumentar esa mayoría. 

El pacto con ERC prevé que Cataluña y el resto de comunidades puedan gestionar conjuntamente con el Gobierno el fondo de reconstrucción europeo que se derive de las negociaciones que se están manteniendo en el seno de la Unión Europea. El PSOE se compromete a que esta sea la última prórroga y a que el Gobierno gestione el resto de la desescalada conjuntamente con la Generalitat. En concreto, se establece que a partir de la fase tres, las comunidades serán la autoridad competente, excepto en lo que afecta a la libertad de circulación. Y que en el futuro el Gobierno gestionará la pandemia con medidas de carácter menos excepcional que el estado de alarma. El acuerdo, aprobado por la ejecutiva de ERC, debe ser refrendado por la comisión permanente del partido.

En el acuerdo suscrito no figura finalmente el compromiso del Gobierno para que Cataluña y el resto de autonomías participen en la gestión del ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Ejecutivo. Algo que reclama ERC y que ya había conseguido el PNV para el País Vasco y Navarra sin necesidad de comprometer su voto, ya que el Gobierno se lo cedió tras el malestar de los nacionalistas vascos por el acuerdo alcanzado por el PSOE con EH Bildu en la anterior votación para derogar la reforma laboral a cambio de su abstención.

Tras el anuncio de la cesión al País Vasco de la gestión del ingreso mínimo vital, la Xunta reclamó también poder hacerse cargo de ella. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, reivindicó que esa ayuda, que a su juicio debería ir unida a un itinerario de búsqueda de empleo, podría ser gestionada por las autonomías. Reclamó por ello al Gobierno que «lo que se ha decidido para el País Vasco, se decida para el conjunto de comunidades».

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, justificó la cesión de la renta mínima vital al País Vasco y Navarra diciendo que solo las comunidades de régimen foral tendrían la gestión directa dado que tienen un sistema fiscal singular. Ahora, sin embargo, la cesión a Cataluña y al resto de comunidades invalidaría ese argumento.

Ha sido el propio Pedro Sánchez quien ha llevado la negociación con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sin intervención de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. 

El acuerdo con el PNV incluye que las comunidades autónomas puedan proponer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, «con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos», la superación de la fase 3 en las unidades territoriales de cada autonomía y, por tanto, su entrada en la «nueva normalidad».

El pacto lo han cerrado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con la vicepresidenta, Carmen Calvo, por un lado, y por otro, el portavoz del Grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Marcos.

El acuerdo, en su artículo séptimo, señala que, durante el período de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a las que se hace referencia el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo (del estado de alarma) serán el ministro de Sanidad, bajo la dirección del presidente del Gobierno, «con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la presidencia de la Comunidad Autónoma».

También apunta que «la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la Comunidad Autónoma», en el caso del País Vasco el lendakari, Íñigo Urkullu, «salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía a los efectos del proceso de desescalada».

El Gobierno se garantiza así la sexta prórroga del estado de alarma, incluso en el caso de que Ciudadanos se decantase por el no. El voto a favor del PNV hace que el apoyo de los naranjas no sea imprescindible, siempre que EH Bildu mantuviera su abstención, dado que los síes alcanzarían los 166 votos con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, PRC y Teruel Existe, mientras que los votos en contra de todos los demás partidos llegarían solo a 164, aunque el Ejecutivo espera que sean menos.

Un ejercicio de equilibrismo político en seis actos

El tablero parlamentario se ha ido complicando para el Gobierno a medida que se sucedían las prórrogas del estado de alarma. Algo que ha obligado a Pedro Sánchez a hacer un ejercicio de equilibrismo para no quedar en minoría en el Congreso en plena pandemia del coronavirus. Tras declarar el estado de alarma, el Gobierno decidió recabar el apoyo del Congreso a las prórrogas cada quince días. Algo que según algunos constitucionalistas es obligatorio, aunque en el único precedente, el de la huelga de controladores durante el Gobierno de Zapatero, se solicitó y se concedió por un mes. El Ejecutivo no tuvo ningún problema en la primera votación, saldada con una amplísima mayoría de 321 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones de los independentistas catalanes y de EH Bildu. Los apoyos decrecieron en la segunda, en la que hubo 270 votos a favor, 25 abstenciones y 54 en contra, de Vox y la CUP.

Pero los verdaderos problemas comenzaron con la tercera petición de prórroga, solicitada el 22 de abril. Hubo entonces 269 votos a favor, del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País-Compromís, BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y Teruel Existe. ERC y EH Bildu volvieron a abstenerse (16 votos), pero hubo ya 60 votos en contra de Vox, CUP y, por primera vez, de JxCat.

A partir de ahí, el PP comenzó a tomar distancia con el Gobierno por entender que estaba abusando del estado de alarma para gobernar sin oposición y adoptando medidas que van más allá de lo sanitario. El líder del PP, Pablo Casado, amenazó con votar en contra. Algo que habría puesto en riesgo la aprobación de la medida excepcional, dado que ERC se pasó al bloque del no. Finalmente, el PP se quedó en la abstención y el Gobierno obtuvo 178 votos a favor, por encima de los 176 de la mayoría absoluta, gracias al apoyo de Ciudadanos, el PNV, Más País, Compromís, CC-NC, PRC y Teruel Existe.

Temeroso de perder la votación de la quinta prórroga, dado que el PP anunció que en esa ocasión votaría ya en contra, Sánchez emprendió una negociación a varias bandas. Por un lado, se aseguró el voto a favor de Ciudadanos. Pero por otro, y en secreto, pactó con EH Bildu su abstención a cambio de comprometerse a derogar íntegramente la reforma laboral. Un pacto que luego rectificó el Gobierno. El resultado fue de 177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones. Ante lo ajustado del marcador, Sánchez no dio por segura una sexta petición de prórroga. Pero ha negociado con ERC, que vuelve a la abstención a cambio de concesiones, y con el PNV, que votará  a favor, lo que le asegura la prórroga.

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