Mantiene abiertas diligencias en ocho residencias de mayores
27 may 2020 . Actualizado a las 22:12 h.La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias por la entrega de mascarillas defectuosas en Pontevedra y Lugo, una actuación que fue denunciada por un sindicato de profesionales sanitarios. Esto supone que el organismo realizará comprobaciones para ver si puede haber indicios de delito en los hechos denunciados, aunque no implica que haya necesariamente responsabilidad penal.
El uso de mascarillas FFP2 que no cumplían los estándares necesarios para garantizar los niveles de protección exigidos afectó a la mayoría de hospitales gallegos. Desde la Xunta se paralizó a mediados de abril la distribución del material, unos protectores del fabricante asiático Garry Galaxy enviados por el Ministerio de Sanidad, según aseveró el Gobierno autonómico. Pero antes de eso fueron utilizados por sanitarios del CHUO, el Chuvi, el CHUS, el HULA, el hospital de Valdeorras y otros centros de las áreas sanitarias de Pontevedra, A Coruña y Ferrol. Se contabilizaron más de 60 contagios entre profesionales que usaron estos protectores, que también fueron utilizados por técnicos de ambulancias gallegas.
Por ello, el sindicato Profesionales da Sanidade Galega Pública (Prosagap) presentó ante la Fiscalía del TSXG una denuncia penal contra altos cargos de la Consellería de Sanidade, incluido el conselleiro Vázquez Almuíña, aunque a última hora de ayer desde la organización sindical no podían confirmar si la denuncia investigada por el organismo era la suya, ni por qué la indagación se circunscribe solo a Pontevedra y Lugo, habiendo sido Ourense una de las áreas más afectadas por los contagios.
Además, la Fiscalía mantiene abiertas seis diligencias sobre ocho residencias de mayores por la gestión del coronavirus, la misma cifra que las dos semanas anteriores. En concreto, en A Coruña se investigan cuatro residencias, un de ellas por la denuncia de un particular y las otras tres a raíz de una comunicación de una asociación de familiares. Por su parte, en la provincia de Ourense se abrieron diligencias en cuatro residencias (según ha trascendido, una es Nuestra Señora de la Esperanza, de gestión privada).
Se desconoce si los restantes centros denunciados son de titularidad pública o privada. Desde la Consellería de Política Social confirman que no han recibido ninguna notificación al respecto y declinan valorar la situación, apuntando el máximo respeto al trabajo de la Fiscalía, que debe investigar las denuncias recibidas, independientemente de que haya visos de delito.
La Fiscalía General todavía incluye en los datos trasladados este martes un procedimiento judicial abierto en un juzgado de Cangas, aunque ya fue archivado el pasado 21 de abril porque, según la magistrada, no había «indicios suficientes de la perpetración de delito» y no había concreción en los hechos denunciados. Por otra parte, la Fiscalía gallega también inició diligencias por una denuncia por maltrato en una residencia en A Fonsagrada (Lugo), y que ha archivado porque ya está judicializada. Además, figuran como archivadas varias diligencias penales, entre ellas una denuncia genérica interpuesta por Vox sobre la situación de las residencias gallegas, así como otras también de carácter genérico.
