Convocadas marchas en homenaje a los muertos por coronavirus en Galicia

Los familiares de residentes ultiman una querella criminal contra la empresa DomusVi


Vigo

Organizaciones de familiares de usuarios y trabajadores de residencias de mayores y dependientes de Galicia y de reivindicación de los servicios públicos han convocado para el 11 de junio marchas en las siete ciudades de Galicia como homenaje a las víctimas de la pandemia y en especial a los que perdieron la vida tras contagiarse en los centros de mayores y discapacitados. Agrupados en la Alianza Galega polos Servizos Sociais Públicos para Maiores e Dependentes, los convocantes consideran que «a neglixencia» y «as malas prácticas» en los centros de mayores que han registrado fallecidos en la actual crisis sanitaria explican las 271 víctimas mortales de usuarios de dichos centros en Galicia. Abogan por ello por convertir en servicios públicos la atención a dichos colectivos, que mayoritariamente en la comunidad son gestionados por empresas privadas. 

Discrepa la alizanza de organizaciones de las cifras oficiales aportadas por la Xunta respecto al número de fallecidos entre los residentes, aseverando que en lugar de las 22 muertes notificadas en la residencia DomusVi San Lázaro han fallecido 51 personas; añaden que en los centros de la misma firma en Barreiro (Vigo) y Cangas son 56 las personas que han perdido la vida a cuenta de la pandemia, en lugar de los 32 comunicados, o que en la residencia de O Barco la lista de víctimas mortales llega a 14, según las informacines recabadas entre los familiares, en vez de la única baja informada oficialmente. 

El colectivo que organiza la marcha del día 11 prepara también una querella criminal contra la dirección de la empresa DomusVi, al margen de las actuaciones de investigación puestas en marcha por las fiscalías provinciales, al entender que dicha compañía incurrió en negligencia al no atender las reclamaciones efectuadas por trabajadores y familiares de residentes por falta de personal y carencias diversas. También anunciaron la presentación de una demanda contra el pago de los recibos mensuales en las residencias intervenidas por la Xunta, al entender que la actuación de la Administración gallega sobre los centros de Barreiro, Cangas y O Barco se produjo precisamente por registrar carencias graves, que la denominada Alizanza Galega considera que son suficientes como para determinar el incumplimiento del contrato suscrito por las empresas con cada familia de los residentes. 

Las organizaciones que forman el colectivo de familiares, trabajadores y defensores de un modelo público en la atención de los mayores requieren a la Xunta a que explique quién se va a hacer cargo de los gastos contraidos en las residencias intervenidas por el Ejecutivo autonómico para normalizar su funcionamiento y luchar contra el avance del coronavirus, y en concreto si se le va a exigir que afronte esas facturas las empresas de los centros tomados por cargos de la Administración o por el contrario se sufragarán con fondos públicos. 

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