Los alcaldes rechazan la cita previa para ir a la playa e idean sus propios métodos

A Coruña estudia controlar el aforo con videocámaras, y Sanxenxo, con drones. El regidor de Vilanova, en cambio, lo tiene claro: Los vecinos de la villa tendrán prioridad


Redacción / La Voz

Para unos es una «barbaridade»; para otros, una idea tan descabellada como pedir vez para ir al monte, y algunos estarían «encantados» de cederle la gestión de las playas a la Xunta para que la Administración autonómica se ocupe de la difícil papeleta de controlar los aforos en los arenales si Galicia entra el próximo lunes en la fase 2 y se permite ir a la playa. En todo caso, vigilar que se cumplan las normas del estado de alarma —y mantener las distancias de seguridad lo son— no es cuestión baladí, como pudieron comprobar ayer coruñeses que disfrutaban del buen tiempo en Riazor y fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional que, vestidos de paisanos, les pidieron la documentación. Hay que tener en cuenta que, mientras no se apruebe el uso lúdico de las playas, de momento solo se puede ir a los arenales a pasear y hacer deporte.

Lo cierto es que, tras dos meses de confinamiento, la temporada turística coge a los regidores con los deberes sin hacer, preocupados por cuestiones más urgentes, y la mayoría de ellos no se plantearon, de momento, cómo abrir las playas garantizando las distancias de seguridad. Solo los de las ciudades y municipios turísticos empiezan a perfilar soluciones propias. A Coruña, por ejemplo, sopesa informar del aforo en tiempo real a través de la web municipal. La alcaldesa, Inés Rey, no descarta, para ello, hacer uso de videocámaras. Lo que no ve factible es el sistema de cita previa que se aplica en As Catedrais, «una ocurrencia imposible de aplicar en la ciudad». El alcalde de Vigo, por su parte, presentará este sábado su plan para Samil, pero ya avanzó que será un sistema de cuadrículas sin obstáculos que permita, por la noche, hacer la limpieza. Abel Caballero descartó el método de cita previa. «En Vigo vamos a ir por derroteros distintos», dijo.

En Sanxenxo, Telmo Martín adelantó que las redes sociales del Concello retransmitirán imágenes en tiempo real del estado y aforo disponible en cada playa, utilizando grabaciones y datos facilitados por drones. El Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), por su parte, cree que la medida de la Xunta es positiva porque «propone una herramienta voluntaria usando nuevas tecnologías que ofrece información sobre el grado de ocupación de los diferentes arenales». Pendiente de ver cómo se materializa y ejecuta, «a priori no lo vemos negativo».

Pero cada concello es un mundo y cada playa, un paraíso independiente. Así que, más al sur de Sanxenxo, en Bueu, el sistema de cita previa no gusta; a Ponte Caldelas (primera y única bandera azul fluvial de España) y a Pontevedra (dos playas fluviales, Lérez y Ponte Sampaio), tampoco les parece oportuno, mientras que Marín y Poio están a la espera de conocer más detalles. El alcalde de Nigrán no espera un «overbooking» en junio porque nunca lo hubo, y a partir de julio se tomarán decisiones en función de cómo avance la situación. En Baiona, pioneros en implantar las playas sin humos, el regidor apela a la concienciación ciudadana para que se mantengan las normas.

Para el alcalde de O Grove, «pedir cita para ir a la playa es tan descabellado como pedir cita para ir al monte o para pasear por una calle peatonal». Por eso, José Cacabelos no piensa aplicar esa medida, «lo que vamos a aplicar es el sentido común», y subraya que lo que los concellos necesitan de la Xunta es dinero para limpiar las playas y contratar socorristas. El que lo tiene claro es el regidor de Vilanova. Asumiendo que de alguna manera habrá que controlar el aforo, el popular Gonzalo Durán dará prioridad a los vecinos de la localidad. Serán ellos los primeros a la hora de extender la playa; en segundo lugar, lo harán los clientes de los cámpings del municipio y los que se alojen en sus establecimientos de hostelería. Y lo que quede, si es que queda, «para los que quieran venir de otros sitios».

«Isto non é a parcelaria»

Pero donde la oferta de la Xunta se ve con más escepticismo es en las playas del norte. Si bien los regidores de A Laracha y Laxe no descartan usarla, el de Carballo lo ve inviable, y el de Muxía, Iago Toba se pregunta: «Como lle vou dicir a un veciño de Muxía de 70 anos que leva toda a vida indo aos Muíños ou a praia da Cruz que para acceder a elas ten que pedir cita previa?. Non ten lóxica algunha». Sada, Bergondo y Miño creen necesarias ayudas para poner en marcha cualquier tipo de sistema de control, mientras que el alcalde de Oleiros lo rechaza. Ángel García recuerda que las playas de su municipio no tienen nada que ver con la de As Catedrais, con una sola entrada. Y el ideado por Sanxenxo tampoco le convence: «Isto non é a parcelaria, que iso é no rural, non hai ninguén que poida controlar iso nunha praia enorme como é a de Santa Cristina», dice el regidor, quien critica también el exceso de control que se está aplicando a causa de la pandemia. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, no descarta hacer uso de la plataforma de la Xunta, aunque ve poco probable que se sobrepase el aforo en playas tan grandes como las de Sabón o Barrañán.

Por su parte, varios alcaldes de la comarca de Ferrolterra se muestran dispuestos a ceder a la Xunta las competencias de sus playas si la administración autonómica se hace cargo de la gestión del acceso a través del código QR o, en su defecto, asume los gastos que conlleva su aplicación. Lo harían «encantados» de ser viable, algo que ponen en duda. Los de Barbanza, en cambio, no descartan echar mano de esa herramienta para solventar un problema que les sobrepasa, pero solo la ven útil para pequeñas playas que se llenan enseguida y son fáciles de controlar, no para grandes arenales, como son en su mayoría de los barbanzanos.

¿Y los socorristas?

Otra de las preguntas que se hacen los alcaldes gallegos, la de quién se encargará de vigilar los arenales y quién se hará cargo de su coste, sigue sin respuesta. La presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, todavía no sabe si los futuros vigilantes podrán acabar los cursos de formación que se paralizaron por la pandemia, ni tampoco cuándo serán contratados por los concellos, porque el proceso va retrasado. Sobre si serán ellos los que se encarguen de controlar el aforo, se pregunta: «¿Vamos a hacer de taquilleras, también?». Una cosa, dice, es advertir a los bañistas por el megáfono de que se sobrepasa el aforo y otra es vigilar la entrada.

Con la colaboración de T. Longueira, M. Gago, A. Mahía, M.C. López, D. Vázquez, R. Estévez, A. Gerpe, A. Martínez, M. Torres y A. Gerpe

La Xunta se limita a poner la plataforma al servicio de los concellos

Tanto desde la Consellería de Cultura e Turismo como desde la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se insistió ayer en que la plataforma de control y reserva que se utiliza en As Catedrais no es obligatoria, y que la Xunta ni siquiera se la recomienda a los concellos. Solamente comparte con ellos esa herramienta por si les es útil en la tarea de controlar los aforos en los arenales gallegos. El objetivo principal del ofrecimiento a los ayuntamientos gallegos de los datos que se obtienen a través del Instituto de Estudos do Territorio es garantizar la marca Galicia como destino seguro, de ahí la necesidad de trabajar «coa máxima anticipación», dijo ayer Román Rodríguez.

En todo caso, la Xunta evaluará hoy con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la idoneidad de esta herramienta o la de otros métodos que los ayuntamientos planteen. A la espera de conocer en detalle la propuesta, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, manifestó sus reservas, porque una aplicación móvil podría marginar a quienes no tienen competencias digitales.

Las piscinas comunitarias podrían no abrir este verano por las restricciones

Los administradores de fincas temen que las piscinas comunitarias no puedan abrir este verano. En la orden del Ministerio de Sanidad que regula su funcionamiento no se resuelven cuestiones pendientes que los colegiados fueron exponiendo al Gobierno, como quién controla un aforo restringido al 30 % en el que hay que mantener las distancias de seguridad, ya que «no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios», más allá del socorrista cuya competencia se limita al control del vaso de la piscina y no del acceso a la playa que la rodea, advierte el Colegio de Administradores de Fincas. La orden dice también que se accederá a la piscina mediante el sistema de cita previa y por turnos, una situación muy difícil de controlar en una comunidad de vecinos.

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