Reguero de demandas contra los gobiernos de Sánchez y Ayuso, acusados por familiares de fallecidos de homicidio imprudente
SOCIEDAD
Aseguran que ambos ejecutivos actuaron de forma irresponsable y negligente, lo que ha incrementado el número de víctimas durante la pandemia del covid-19
12 may 2020 . Actualizado a las 09:42 h.Nadie duda que la crisis del covid-19 tendrá repercusión social y económica. Desde hace semanas también ha quedado claro que también tendrá presencia judicial. Los juzgados españoles comienzan a acumular decenas de denuncias contra los principales gestores de la sanidad pública del país. Los últimos destinatarios de este tipo de demandas son la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Escudero, así como diez directores de residencias de la región, a los que acusan de los de delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Según informa Europa Press, familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra las personas citadas. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región.
Respecto a la responsabilidad penal de la presidenta regional, la querella dice que la crisis provocada por el covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, «aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores».
En la región, los fallecidos en residencias al momento de redactar esta querella a principios de mayo ascienden a 7.092, 5.688 por coronavirus, que representan casi el 50 % de los fallecidos en residencias en todo el país, cifra muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total (cifras a finales de abril).
Más demandas
Once abogados de toda España han presentado también este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos por el nuevo coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave» al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el coronavirus.
Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
En concreto, la querella representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias «dado que las restantes no han podido obtener» el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito.
Entre otras cuestiones, en el texto de la misma se denuncia «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta» por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.
La acusación
«Una crisis sanitaria», dice el texto, «que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus».
El Tribunal Supremo verá 16 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia
El Tribunal Supremo ha registrado en las últimas semanas 16 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno y diversos ministros y altos cargos por su presunta responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria. La ofensiva judicial contra el ejecutivo abarca no solo las actuaciones realizadas durante el estado de alarma, sino aquellas actividades anteriores al confinamiento, cuando llegaron los primeros ecos de la propagación de la pandemia global.
Según fuentes del alto tribunal, las 16 querellas o denuncias registrada hasta la fecha y que deberá resolver la Sala Segunda (de lo Penal) parten de acusaciones de abogados particulares, afectados por la Covid-19, sindicatos de funcionarios, policías, médicos o enfermeros, un partido político, un colectivo ultra o ciudadanos particulares. Nunca antes la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, había recibido tal avalancha de acciones penales en un periodo tan corto de tiempo por un hecho concreto. Una circunstancia que obligará a los magistrados del Supremo a ponerse manos a la obra cuando la actividad judicial se normalice para dar respuesta a los denunciantes. Las mismas fuentes del alto tribunal señalan que de momento la Sala no se han pronunciado sobre la admisión a trámite de ninguna de estas querellas o denuncias, tampoco sobre la imposición de una fianza provisional en el caso de tratarse de acusaciones populares. Desde la Fiscalía del Supremo, que deberá pronunciase sobre la relevancia penal de cada uno de estos escritos, tampoco se ha movido ficha hasta que no se recupere la actividad ordinaria en el Palacio de las Salesas, suspendida por el decreto de estado de alarma. El primero en abrir la vía penal contra el Gobierno fue un abogado. A finales de marzo Víctor Valladares acudió al Supremo (competente por la condición de aforados de los miembros del ejecutivo) para denunciar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y/o lesiones por imprudencia profesional por permitir la Delegación del Gobierno la manifestación en Madrid del Día de la Mujer del 8 de marzo. Otro abogado, Raúl Castañeda, fundador del despacho Preico Jurídico, registró una denuncia contra Sánchez por los mismos hechos y su colega de profesión Luis Alberto Pardo registró una tercera denuncia en la que expone la posible comisión de un delito de daños por imprudencia.