La pandemia agrava el riesgo de pobreza y exclusión: empeora la situación laboral de seis de cada diez familias vulnerables
SOCIEDAD
Solo el 8,5 % de los jóvenes en riesgo de exclusión sigue trabajando tras la llegada de la crisis sanitaria
13 may 2020 . Actualizado a las 12:15 h.La pandemia del coronavirus ha azotados los cimientos de toda la sociedad. Pero sus efectos no tendrán un reparto igualitario. Y es que no todos los cimientos son igual de sólidos. La oenegé Igaxes alerta de un agravamiento de la situación de las familias y los jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión, y lo avala en un informe con datos recabados entre más de 550 personas vulnerables que atienden a través de sus distintos programas.
La consulta realizada entre padres y madres de familias que partían de situaciones de vulnerabilidad revela que la crisis provocada por el coronavirus se ha cebado en su situación laboral. Si antes de declararse el estado de alarma el 74 % de los encuestados estaba empleado, actualmente solo sigue trabajando el 43 %. La tasa de desempleo ha subido 13 puntos, hasta el 39 %, mientras que otro 18 % está afectado por un ERTE.
El empeoramiento de los datos se agudiza en el caso de las mujeres. Una de cada dos trabajadoras consultadas ha visto alterada su situación laboral a raíz de la crisis, bien perdiendo el empleo, bien cayendo en un ERTE. El impacto ha sido especialmente brutal en los sectores de la hostelería y el comercio que, junto con la industria, son en los que más se emplea la población vulnerable. Además de la destrucción de puestos de trabajo, temen que la creación de empleo en estas areas permanecerá congelada largo tiempo, mientras no se recuperan del golpe que ha supuesto el parón de actividad.
Por grupos familiares, un 57 % de las familias ha caído en el desempleo o ha visto alterada su situación laboral. Como además partían de situaciones delicadas, la mayoría de ellas carecían de ahorros y deben afrontar las nuevas dificultades y sus gastos diarios con ayudas o prestaciones que, en el mejor de los casos, suponen un 30 % menos de sus ya exiguos ingresos previos.
Respecto a las familias con un único progenitor, más vulnerables, casi la mitad ha dejado de trabajar. En el caso de las monomarentales, es decir, encabezadas por mujeres, se estima que cuatro de cada diez saldrán del estado de alarma sin empleo y otras dos de cada diez bajo la incerteza de un ERTE con una prestación insuficiente, teniendo además sus posibilidade de reinserción muy mermadas por sus especiales dificultades para conciliar.
Así las cosas, Igaxes alerta de las altas posibilidades de que familias en situación vulnerable caigan en una situación de pobreza material severa antes de que termine el año, y del peligro que todo ello supone para el bienestar infantil, ya mermado por el confinamiento, la falta de acceso a una alimentación adecuada por el cierre de los comedores y las desigualdades de la educación a distancia. Recuerdan que ya antes de la crisis sanitaria, uno de cada cinco niños y adolescentes gallegos -alrededor de 80.000- vivían en hogares tocados por la pobreza.
Jóvenes vulnerables
La situación también se ha agravado considerablemente entre la juventud en riesgo de exclusión. La consulta entre 436 chicos y chicas entre 16 y 29 años atendidos por Igaxes revela que solo el 8,5 % está trabajando tras el impacto de la crisis del coronavirus. Es decir, nueve de cada diez jóvenes en situación vulnerable no trabaja actualmente.
Antes de llegar la pandemia, el porcentaje de estos jóvenes que estaba empleado era del 23 %. Pero dos de cada tres de ellos vio alterada su situación tras el estado de alarma. De entre ese grupo, el 74,6 % ha quedado afectado por un ERTE, y otro 25,4 % ha sufrido la destrucción real de su empleo por despido o finalización anticipada de contrato.
Nueve de cada diez jóvenes en situación vulnerable no está trabajando actualmente
Igaxes alerta de que la situación de este colectivo es especialmente precaria. Por un lado, tendrán difícil acceso a prestaciones y estas serán cortas y de pequeña cuantía, por su breve vida laboral y los bajos salarios que percibían, y en la mayoría de los casos carecerán de ahorros con los que complementarlas. Por otro lado, les será muy difícil reingresar al mercado laboral, porque los sectores en los que se insertan preferentemente, como la hostelería, serán de los más afectados a largo plazo, y tardarán en recuperar contratación.
En este sentido, inquieta especialmente la situación de los chicos y chicas en riesgo de exclusión que antes de la crisis estaban en busca de su primer empleo, y que ahora verán muy complicado encontrar un modo de ganarse la vida.
Dos colectivos destacan entre los jóvenes vulnerables por su especial fragilidad: el de los chicos y chicas que proceden del sistema de protección de menores, que no cuentan con el respaldo de una familia, para los que Igaxes reclama nuevas medidas de protección que incluyan, por ejemplo, la habilitación de plazas gratuitas en el parque público de vivienda social, y el de los menores migrantes. Para estos últimos, advierte Igaxes, el estado de alerta ha supuesto un freno no solo en su formación, también en su integración, reduciendo sus posibilidades de encontrar o mantener un medio de vida que les permita garantizarse el permiso de trabajo (para ello necesitan un contrato a jornada completa por un mínimo de un año). De ahí que la oenegé reclame una «moratoria automática» de sus permisos por lo menos hasta los 21 años.
La crisis social más importante en décadas
Para el director de Igaxes, Carlos Rosón, «asistimos aos inicios da crise social máis importante en décadas», dado que el freno de los ingresos en miles de hogares estaría generando «unha situación de emerxencia que deixa a moitas familias sen poderen cubrir necesidades básicas». Por ello, esta organización exige políticas que den respuesta a una situación de extraordinaria gravedad, bajo la amenaza «real» de que muchas familias que partían de una situación vulnerable «se vexan agora arrastradas á pobreza severa».
En esta línea, consideran que el ingreso vital mínimo propuesto es una «medida irrenunciable» e «impostergable», y reclaman que se trate de una renta mínima universal «ambiciosa» que sea «universal, incondicional, compatible con outras prestacións e aparellada a un plan de inclusión encamiñado á inserción sociolaboral da persoa perceptora».