Una diputada de Vox en Madrid se preocupa por los abortos de Lugo

El Gobierno le recuerda que la Xunta tiene las competencias y que hay datos públicos

El estado de alarma no impide que su señorías en el Congreso y el Senado estén parados en el control al Gobierno en otros asuntos que no sean coronavirus. Y un buen ejemplo se puede comprobar en la diputada de Vox por Madrid Carla Toscano de Balbín, que presentó una batería de preguntas acerca del número de abortos practicados en todas las provincia de España. Y lo hizo de tal manera que cada pregunta era destinada a una provincia, con el fin de además de conocer el número, también saber «el coste que supone a ala Seguridad Social y qué medidas de apoyo a la maternidad tiene el Gobierno para que disminuyan». Y entre los sitios que preguntó la diputada de Vox se encuentra la situación de Lugo.

Carla Toscano, diputada de VOX
Carla Toscano, diputada de VOX

Las respuestas del Gobierno, no sin cierta ironía sobre las competencias de las Administraciones, le recuerda a la parlamentaria del partido de Abascal que «la gestión y autorización de los centros acreditados para realizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que la información del gasto de las prestaciones sanitarias incluida la IVE, podrá ser informada por la Administración autonómica correspondiente». Además, el Gobierno recuerda que «las actividades específicas en cada provincia, podrá ser informada por la Comunidad Autónoma correspondiente en el ejercicio y aplicación de sus competencias».

Aun así, en la respuesta parlamentaria, el ejecutivo central le recuerda a la diputada de Vox que el Ministerio de Sanidad edita la publicación Interrupción Voluntaria del Embarazo, Datos definitivos correspondiente al año...., donde figura la información facilitada por las diversas Comunidades Autónomas, y en la que recogen los documentos completos correspondientes a los años 1988 a 2018, ambos inclusive.

344 abortos en el 2018

Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, del 13 de agosto del 2019 sobre los datos del 2018, en la provincia hubo 344 abortos, lo que supone un descenso de 131 casos con respecto al 2017, el año que más se llegaron a producir en la provincia en la última década. Según los datos que maneja el Gobierno, fue a raíz de la aprobación de la nueva ley de plazos, en el 2010, que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. En el caso de «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» sigue siendo necesario un dictamen de un médico distinto al que practica el aborto. En el caso de «riesgo de graves anomalías en el feto» o de «anomalías fetales incompatibles con la vida» es necesario un informe de dos especialistas. Si de lo que se trata es de una «enfermedad extremadamente grave e incurable» lo tiene que confirmar un comité clínico.

Las cifras en España cada vez son de menos abortos, pero en el caso de Lugo sí hubo un repunte desde que se aplica la nueva ley de plazos que aprobó el Gobierno de Zapatero. Entre otros factores, se debe a que Galicia es una de las comunidades que dispone de más centros autorizados para la interrumpción del embarazado, con ocho hospitales públicos y tres privados. Por ejemplo, Extremadura solo tiene uno, y Castilla La Mancha y Aragón, dos.

Aborto farmacológico

Además, el incremento que se produjo en el 2017 pudo deberse a que desde noviembre del 2016 las mujeres lucenses tienen acceso al aborto farmacológico. Lugo era la única provincia gallega en la que el Sergas no ofrecía este método. Hasta esa fecha, en la provincia no se realizaba ninguna interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas y todas las mujeres se derivaban a una clínica concertada de A Coruña, donde recibían un aborto quirúrgico.

La gran mayoría de las mujeres que recibieron información previa al aborto lo hicieron a través de centro públicos, como en el caso de Lugo es el Centro de Orientación Familiar (COF), ubicado en la Praza do Ferrol. Aun así, hubo 64 mujeres que señalan que su lugar de información fue Internet. Eso sí, solo tres de ellas tenían menos de 20 años.

La mayoría son a petición de las mujeres, antes de las 8 semanas y en edades adultas

La gran mayoría de las mujeres que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo lo hicieron por una decisión propia. Así, de los 344 casos del 2018, doce lo hicieron por un grave riesgo para sus salud, cinco por anomalías en el feto y un caso por anomalías que causaban una grave enfermedad incurable. El resto, 326, fueron a petición propia de las mujeres.

Por este motivo, las fechas de interrupción del embarazo en la provincia se produjeron en estados muy iniciales. Así, 211 mujeres optaron a hacerlo antes de las ocho semanas, y 118, entre las semanas 9 y 14. Hubo catorce casos entre las semanas 15 y 22 y un caso en la 23 o posterior.

En cuanto a las edades, las decisiones son de mujeres de edad adulta, especialmente en la franja entre los 20 y los 34 años. Hubo un caso de chicas de 13, 14 y 15 años, respectivamente, y 41 de interrupción del embarazo entre los 15 y los 19 años. En el extremo opuesto, tres mujeres de la provincia de más de 44 años interrumpieron el embarazo. Pero el grueso es en edad adulta: 20-24 (77), 25-29 (74), 30-34 (63), 35-39 (59) y 40-44 (25).

Y sobre el perfil social de las mujeres que interrumpieron el embarazo, 248, de las 344 del total, tienen estudios avanzados: 180 Bachillerato o FP y 68, universitarios. Solo una mujer sin estudios y seis con el primer grado abortaron en la provincia en el 2018.

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