La mayoría de los expertos consultados por La Voz se oponen a ampliar de nuevo esa situación excepcional, pero incluso sus defensores son críticos
05 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión del Gobierno de pedir una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso ha suscitado no solo un debate político, sino también jurídico. La mayoría de los expertos consultados por La Voz se oponen e incluso los que están a favor critican la gestión por parte del Ejecutivo de este mecanismo constitucional.
en contra
No es necesario. «El estado de alarma es una situación absolutamente excepcional que prevé la Constitución», señala María Isabel Álvarez, que recuerda que la ley orgánica que lo regula establece que debe aplicarse «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes». En su opinión, esto «suscita la posible interpretación de que si cabe que los poderes ordinarios de las autoridades competentes sean capaces de mantener la normalidad no tiene sentido que se prorrogue». Además, concluye, «ya se sabe que la normalidad a la que vamos a volver no es la que conocíamos antes de la pandemia, con lo que no soy partidaria de que se siga prorrogando».
Según Agustín Pérez-Cruz, catedrático de Derecho Procesal, «la situación actual no justifica la prolongación del estado de alarma por cuarta vez y lo que es más grave, a tenor de las declaraciones de distintos ministros, no sería la última, pues se proyecta la continuidad de la situación actual hasta finales de junio».
«Jurídicamente, si se relajan las medidas que afectan a derechos fundamentales, singularmente a la libertad de circulación, no sería necesario prorrogarlo, hay otras alternativas», opina el ferrolano Carlos Vidal. «El estado de alarma es una situación de excepcionalidad en el ordenamiento jurídico, que no debe prolongarse excesivamente», explica el catedrático de Derecho Constitucional. «Y hay leyes que permitirían tomar medidas de restricción de derechos, ajustadas a las necesidades sanitarias, de una manera menos agresiva que hasta ahora», afirma.
derechos fundamentales
«El mayor ataque de la historia». Pérez-Cruz estima que se han restringido derechos fundamentales «sin la necesaria cobertura legal, básicamente en lo concerniente al derecho fundamental a la libre circulación». El abogado Sergio Nuño, uno de los firmantes de una queja enviada al Defensor del Pueblo para que fiscalice la gestión del Gobierno, también cree que «no se debería prorrogar más el estado de alarma, toda la normativa es claramente inconstitucional y resulta el mayor ataque a los derechos fundamentales en la historia de nuestra democracia». Considera que el Congreso «no puede convalidar nuevamente una situación de inconstitucionalidad manifiesta que vulnera los derechos más básicos de la población en su conjunto». Para Nuño, «no solo es la vulneración de derechos fundamentales, es que no se están respetando los cauces legales para la tramitación de órdenes ministeriales que afectan al contenido de leyes ordinarias u orgánicas». Otro de los firmantes de la queja, el catedrático Carlos Flores, asegura que «ni el recorte de libertades, de dudoso encaje en el estado de alarma, ni las medidas económicas y de control social tomadas a su amparo deberían prorrogarse un minuto más». Califica como graves «los cambios que ha impuesto el Gobierno en el modelo económico, como la prohibición de despidos, o las medidas relativas a alquileres, que atentan contra la libertad de empresa, o el derecho de propiedad, que no tienen conexión directa con el objetivo del estado de alarma».
José Manuel Vera coincide en que estamos «ante la mayor suspensión de derechos y libertades de nuestra historia democrática». El catedrático de Derecho Constitucional señala que «no solo se han pervertido los derechos y libertades fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos durante más de mes y medio, también se ha imposibilitado, por ejemplo, el trabajo parlamentario y censurado el derecho a la libertad de información».
otras vías
Leyes sanitarias. Álvarez enumera una serie de disposiciones, de la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que «permitirían tomar medidas como evitar el desplazamiento de ciudadanos entre provincias». Vidal considera que «la Ley de Salud Pública permitiría también mantener a la autoridad estatal al mando, aunque estrechando la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, que son las que deben ejecutar sobre el terreno, sería incluso más adecuado al escenario de cogobernanza del que está hablando el Gobierno central». Por su parte, Ley General de Sanidad no excluye «medidas que puedan llegar a comportar una limitación de la libertad de circulación de las personas, siempre que estén justificadas sanitariamente y sean necesarias en caso de riesgo de transmisión de enfermedades».
Para Vera, «no existe ninguna duda de que, si no se aprueba la prórroga el ordenamiento jurídico posibilita la toma de decisiones suficientes para proceder a la desescalada, bien que las mismas no pueden resultar tan invasivas respecto a los derechos y libertades civiles como las actuales». «Tanto la ley general sanitaria como la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud lo hacen posible, así como la ley de protección civil del 2015», señala.
a favor de la prórroga
Pero con muchas reticencias. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional, es partidario de mantener el estado de alarma. «Le veo pegas jurídicas, ya que, tal como está, no me parece que el confinamiento encaje en el marco de la Ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio», explica. «Puede mejorar, desde luego: me parece que las comunidades autónomas deben decidir la territorialización de la desescalada», explica. «A falta de una colaboración más fluida, y las culpas están repartidas, el liderazgo del Gobierno central me parece necesario», asegura.
Vera cree que debería prorrogarse el estado de alarma, «pero no así». En su criterio, «la lucha sanitaria frente a la pandemia requiere una centralización en la toma de decisiones, pero el Gobierno de Sánchez e Iglesias está aprovechando la crisis para desarrollar políticas económicas y educativas que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria».