Urkullu, Torra, Ayuso y Feijoo rechazan que se prorrogue el estado de alarma, pero Sánchez dice que lo mantendrá porque es «imprescindible»
SOCIEDAD
El presidente anuncia su disposición para la «cogobernanza» en la desescalada y ofrece 16.000 millones de euros a las autonomías en dos fases, pero no acalla las críticas
04 may 2020 . Actualizado a las 09:18 h.El Gobierno ha perdido el apoyo unánime de las comunidades al mantenimiento del estado de alarma para combatir el covid-19. Durante la reunión telemática que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido con los presidentes autonómicos, los dirigentes del País Vasco, Cataluña, Madrid y Galicia se han mostrado contrarios a la prórroga de esa medida por considerar que hay instrumentos legales suficientes en la legislación ordinaria para aplicar las medidas necesarias y que el Gobierno está utilizando de manera desproporcionada el estado de alarma. Sánchez, sin embargo, les ha anunciado que pedirá una nueva prórroga el próximo miércoles y que tiene intención de mantener esa medida extraordinaria hasta el fin de la desescalada. Según afirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión, «es un hecho que el estado de alarma ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las comunidades» y por ello «en la etapa de desescalada es imprescindible seguir manteniéndolo» para controlar la pandemia «de una manera eficaz». Illa no quiso referirse a la posibilidad de aplicar un plan B en caso de que el estado de alarma no fuera aprobado este miércoles en el Parlamento. «El Congreso es soberano para tomar la decisión que estime más conveniente», se limitó a señalar. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, fue más lejos y advirtió de que «es impensable que no se prorrogue porque sería como decir que todo el trabajo que han realizado los ciudadanos no tiene ningún valor». Montero añadió que si el PP no quiere apoyarla no será desde luego por la falta de diálogo. Advirtió, al igual que hizo Sánchez, que las ayudas a empresas, autónomos y particulares decaerían si no se aprueba la prórroga.
Pese a que Sánchez dio un giro a su posición unilateral a la hora de tomar medidas para tratar de frenar las protestas y transmitió a los presidentes autonómicos que pondrá en marcha un procedimiento de «cogobernanza» para la desescalada con el propósito de reforzar el consenso y la coordinación con las comunidades autónomas, las quejas no cesaron durante la reunión. El jefe del Ejecutivo indicó que aunque el mando único seguirá en manos del Gobierno, el Ministerio de Sanidad negociará con cada comunidad el pase de una fase a otra del desconfinamiento y se pondrán en marcha reuniones técnicas y políticas bilterales para adaptar algunas de las medidas a cada territorio, entre ellas la determinación de la unidad territorial que se toma como base para la desescalada, con alternativas a la de la provincia, que es la que propone el Gobierno. «La cogobernanza no es una expresión retórica, es el espíritu de este Gobierno. Las comunidades autónomas tienen la facultad de proponer qué zonas puedan pasar de fase y después habrá una reunión bilateral», señaló Illa, que precisó, no obstante, que en las reuniones con amigos que se permitirán a partir de la fase «la movilidad queda circunscrita a la unidad de referencia, que es la provincia».
Dentro del paquete de medidas anunciado se incluye un Fondo de Reconstrucción dotado con 16.000 millones de euros para el conjunto de las autonomías con el objetivo de que «ningún territorio se quede atrás en la recuperación». El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, adelantó que Cataluña exigirá recibir la cuarta parte de ese fondo, un total de 4.000 millones. Sánchez ha explicado que esos fondos se transferirán por fases. Primero habrá 6.000 millones de euros que se entregarán de forma inmediata, antes de que concluya el mes de junio. Y luego habrá otros dos tramos de 5.000 millones de euros cada uno, que serán transferidos a las autonomías en el segundo semestre del 2020. El criterio de reparto irá en función del impacto de la pandemia en cada autonomía, pero habrá otros baremos como el gasto social en función de la población y la caída de ingresos como consecuencia de la hibernación de la economía.
Además, Sánchez les ha informado de la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes de la movilización del tercer tramo de la línea de Instituto de Crédito Oficial (ICO) que lanzará un total de 24.500 millones de euros para créditos, de los que el 50 % será para grandes empresas y el otro 50 % para pymes y autónomos.
Las medidas anunciadas no han sido suficientes para frenar las críticas de los presidentes autonómicos del País Vasco, Íñigo Urkullu, ni del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que adelantaron su rechazo a la prolongación del estado de alarma. Urkullu aclaró que no comparte la imposición de un mando único para hacer frente a la pandemia y exigió que a partir de ahora las decisiones se tomen recurriendo a la legislación ordinaria, sin necesidad de prorrogar el estado de alarma, negando así la versión de Sánchez de que este es el único instrumento constitucional para abordar la crisis. Pese a todo, no adelantó lo que votará el PNV este miércoles en el Congreso cuando el Gobierno pida una nueva prórroga hasta el 24 de mayo. Torra exigió también que se permita a la Generalitat adoptar sus propias medidas sin necesidad de una cogobernanza. Además, pidió que Sánchez cambie el método de las conferencias de presidentes, de manera que se celebren el sábado para anunciar las medidas el domingo después de consensuarlas, y no al revés, como se hace ahora.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a las críticas y afirmó que el estado de alarma «limita los derechos fundamentales» sin motivo porque lo que provoca el coronavirus es «una problema sanitario». Ayuso advirtió además de que si toman «medidas arbitrarias», a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, los bares y los restaurantes, puede haber a final de año más de un millón de parados en la Comunidad de Madrid, algo que podría llegar a producir «disturbios, directamente un problema de orden público, y por supuesto social, que va mucho más allá de lo económico».Exigió una mesa bilateral con el Gobierno para abordar las consecuencias económicas de la pandemia, reclamando que los 16.000 millones para las comunidades no computen a efectos de déficit y deuda contables. En materia educativa, pidió que se reconsidere la vuelta a clase en todas las etapas, al menos 15 días antes de que termine el curso escolar. «Tenemos que intentar que los alumnos vuelvan a clase antes de terminar el curso, siendo flexibles y sensibles con la situación de la tercera evaluación», le dijo a Sánchez, según un comunicado del Gobierno autonómcio.
Así lo ha trasladado la dirigente autonómica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la octava videoconferencia de los presidentes regional desde que empezase la crisis sanitaria del coronavirus. «Más de un millón de parados en la Comunidad de Madrid supondría disturbios, directamente un problema de orden público, y por supuesto social, que va mucho más allá de lo económico», ha considerado, según ha recogido el Gobierno regional en un comunicado.
Precupación de Feijoo por los criterios de reparto
También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha denunciado el uso desproporcionado que, a su juicio, está haciendo el Gobierno del estado de alarma, convirtiéndolo en un estado de excepción de facto.Feijoo reclamó también el fin del estado de alarma para empezar a gestionar la crisis en base a la legislación sanitaria ordinaria, o modificar esta en caso de que sea necesario. Además, Feijoo rechazó que la provincia sea la referencia para las diferentes fases de desescalada, en lugar de las áreas de salud. Algo que, a su juicio, permitiría el desconfinamiento de las áreas rurales que apenas están afectadas por el virus en Galicia. A la tesis de Sánchez de que se adopta la provincia como referencia porque los ciudadanos desconocen las fronteras de su área sanitaria, Feijoo contestó con una pregunta: «¿Qué ciudadano no sabe cuál es su hospital?». Respecto a la cogoberenanza que plantea Sánchez, indicó que hasta ahora no se ha producido esa colaboración por parte del Gobierno. Feijoo consideró positivo el fondo de 16.000 millones para las autonomías y agradeció su puesta en marcha, pero expresó su preocupación por el hecho de que aun no se hayan concretado los criterios de reparto ni si estos van a ser o no los mismos con los que se distribuyen los fondos para la financiación autonómca.
Sánchez replicó a las críticas por el uso desproporcionado del estado de alarma negando que se esté produciendo y recordando que, al contrario que en otros países como Italia, que lo ha decretado por seis meses, la prórroga se somete en España a una votación en el Parlamento cada quince días.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado insuficientes los 16.000 millones de euros ofertados por el Gobierno, aunque dio su apoyo a la prórroga del estado de alarma, mientras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se quejó de que las autonomías se hayan enterado en una rueda de prensa de todas las medidas que adopta el Gobierno. Una queja que será recurrente en las intervenciones de los presidentes autonómicos del PP, que acusan a Sánchez de falta de diálogo a la hora de implantar las fases de desescalada y de no respetar la especificidad de cada territorio a la hora de definir la unidad territorial.
En lo que afecta a las medidas económicas, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó que el fondo de 16.000 millones destinado a las comunidades «no va a restar ni un euro del sistema de financiación para el año 2020», aunque ese importe tendría que ser forzosamente menor «si se tuviera en cuenta el impacto de la crisis». Destacó además los adelantos en la entrega de las cantidades recaudadas y aseguró que en lugar de haber hecho los ingresos en función de una caída del PIB 9,2 %, que es la que se estima ahora, se han hecho con el incremento del 1,2 % previsto en un principio. «Ninguna comunidad puede decir que ha tenido problemas significativos de liquidez», señaló Montero, que incidió en que los 16.000 millones no reembolsables no son «un préstamo, sino transferencias directas que recibirán las comunidades». «El Estado asume el coste de la emergencia sanitaria y ninguna comunidad se vea obligada a hacer recortes», concluyó.
