Galicia y otras seis comunidades se rebelan contra el desescalado por provincias y Sanidad se plantea rectificar

El Gobierno se mostró receptivo a discutir con cada una de las autonomías las divisiones concretas, aunque no se comprometió por el momento a aplicarlas


Agencias

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar las provincias como referencia administrativa en su plan de desescalada del confinamiento ha provocado en muchas comunidades autónomas reacciones que van desde la sorpresa hasta la oposición frontal. Así siete autonomías han planteado que la desescalada no se desarrolle solo por las unidades territoriales que se han marcado en el plan del Gobierno -provincias e islas-, sino también por otras como las áreas sanitarias.

Tanto Galicia como Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Aragón y Castilla y La Mancha creen más propicio optar por que el proceso de desconfinamiento se haga por áreas o departamentos sanitarios, que se corresponden más fielmente con la realidad del sistema de salud de cada autonomía y también con las áreas de influencia reales, a diferencia de la división provincial. El Gobierno, por su parte, se mostró receptivo a discutir con cada una de las autonomías las divisiones concretas, aunque no se comprometió por el momento a aplicarlas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, criticó que, a la hora de presentar su plan, Pedro Sánchez no tuviera en cuenta las medidas que le presentaron hace unos días los presidentes autonómicos, y se mostró contrario a la división por provincias, una figura administrativa «del siglo XIX» y que parte de una división territorial concretada en 1883. De este modo, ya avanzó que propondrá al Ejecutivo central esa división por áreas sanitarias que siempre se defendió desde el ejecutivo autonómico.

Para el Govern catalán, la división por provincias es, directamente, un «error», y ha reivindicado también que sean las regiones sanitarias las unidades de desconfinamiento, ya que «tienen en cuenta las especificidades de cada territorio», mientras que, por el contrario, las provincias no responden a ningún criterio ni sanitario ni funcional. La consejera de la Presidencia, Meritxell  Budó, se ha mostrado también sorprendida por que Sánchez no mencionara esta opción, ya que esa división estaba ya presente en la respuesta al plan que la Generalitat le hizo llegar al Gobierno central el pasado fin de semana.

Lo mismo defiende también el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que cree que la división provincial no es «la más acorde a lo que representa la Comunidad», ya que «la vida no discurre dentro de una provincia» y que podría dar lugar a situaciones «ridículas» como que no se pueda transitar de un pueblo a otro «que tengan unidad económica y sanitaria».

Por su parte, el Gobierno vasco ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo central haya pasado de defender la «plurinacionalidad» como base de la estructura del Estado a articular su plan de desescalada en torno al «pluriprovincialismo» y recuerda que las provincias, aunque recogidas en la Constitución, no han tenido un papel de «protagonistas de primer» nivel en los últimos años y que poco tienen que ver con los criterios sanitarios. Considera que se plantea un «modelo provincial que supone un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible».

Por su parte, Castilla León considera «injusto» que en su comunidad, con la extensión y dispersión que tiene, se tenga que esperar a que toda una provincia esté sin casos nuevos para poder iniciar la desescalada. Ya cuenta con su mapa de 247 áreas de salud en el que casi treinta están en verde, tras siete días sin contagios, con diez que lucen en ese color desde hace dos semanas. Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a Efe que confían en que el Gobierno acepte su propuesta.

Desde Aragón el Ejecutivo autonómico pedirá al central adelantar la desescalada en el medio rural, atendiendo al criterio del tamaño de los municipios, ha anunciado este miércoles la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en la línea de la propuesta que ha realizado, días atrás, el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán. Pérez ha recordado que el 80 por ciento de los 731 municipios aragoneses tienen menos de 1.000 habitantes, por lo que «el riesgo de contagio es muy bajo», de ahí que pueda «flexibilizarse» la desescalada. De las más de 100 zonas de salud, 14 tienen un 0,01 por ciento de casos graves, ha añadido.

También Castilla-La Mancha, según recoge Europa Press, está entre las comunidades que piden un desconfinamiento más racional que no se rija por las provincias.  

Illa se muestra abierto a cambiar el criterio de división

Ante estas reclamaciones, el ministro de Sanidad ha dicho que el posible desconfinamiento en unidades territoriales distintas a las provinciales podría hacerse en casos excepcionales, y se ha mostrado dispuesto a estudiar las propuestas de Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Salvador Illa ha puesto varias condiciones: que los territorios planteados sean menores a la provincia, que las comunidades puedan garantizar que se pueden blindar esos territorios desescalados frente a sus comarcas o áreas vecinas y que haya mecanismos fiables para alertar sobre hipotéticos rebrotes en estas áreas.

Las comunidades reclaman que se aclaren las dudas de la desescalada

La mayoría de comunidades autónomas, municipios, agentes sociales y asociaciones de distintos ámbitos han coincidido este miércoles al reclamar que se aclaren las dudas que ha generado el plan de desescalada del Gobierno para poder avanzar en su puesta en marcha con garantías para todos.

Las reacciones al llamado Plan para la transición hacia una nueva normalidad van desde quienes lo consideran razonable hasta los que opinan que representa un grave error, pasando por quienes proponen pasar a la primera fase algún territorio o los que piden medidas adicionales para los ciudadanos que se reincorporen a su trabajo.

Aunque desde las comunidades se han mostrado molestos por enterarse del proyecto del Ejecutivo por televisión, ahora esperan que se ponga en marcha con responsabilidad y teniendo en cuenta las especificidades de territorios o sectores de actividad. Así lo pondrán de manifiesto este jueves en el Senado, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se abordará la situación creada por el coronavirus con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya ha avanzado que acudirá a esa cita para pedir que se habilite un fondo excepcional para atajar los efectos de la pandemia y que se faculte a las autonomías a recurrir al endeudamiento para afrontar el gasto sanitario y financiar políticas que dinamicen la economía. En cuanto al plan de desescalada, a Revilla le parece bien «a falta de concreciones», mientras que, por ejemplo, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, cree que presenta «algunas luces» pero «muchas sombras» y denuncia que no ha sido negociado ni consensuado con las comunidades.

Desde Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha ofrecido que las provincias de Huelva y Almería se sumen al ritmo de las islas que van a ir un paso por delante en la desescalada, para que sirvan como «experiencia piloto» en la península porque ya cumplen los requisitos para hacerlo. Y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la importancia de que las comunidades vayan de la mano en el camino de la recuperación económica y social del país, para lo que deben quitarse su «camisa» y ponerse la de España, según ha dicho en una entrevista en RNE.

El más critico ha sido el presidente catalán, Quim Torra, quien ha acusado al Gobierno de «menospreciar» los argumentos de Cataluña para afrontar el desconfinamiento: «No han escuchado nada», ha deplorado en un mensaje en Twitter, en el que añade que es «un grave error» tomar a las provincias como referencia para la desescalada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al Ejecutivo que haya generado «incertidumbre» con sus escasas concreciones de la desescalada y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reprochado que no se haya consensuado con las comunidades una hoja de ruta que, en su opinión, genera «más incertidumbre y más falsas expectativas entre la población».

Desde Canarias, su presidente, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que «hay que ir de forma gradual y paulatina hacia la nueva normalidad» aunque el plan del Gobierno le parece un buen trabajo por, entre otras razones, prever un adelanto de la desescalada en las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

Al margen de las comunidades, también reivindican su papel en este proceso los ayuntamientos, sindicatos y empresarios. El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Estepona José María García Urbano ha criticado el plan del Gobierno por considerar que «está poco pensado» y no recoge las peticiones de las entidades locales.

Entre esas entidades, el Ayuntamiento de Santander, por ejemplo, estudia ampliar los tiempos de los semáforos para regular el cruce de los peatones garantizando la distancia de seguridad necesaria, y el de Ávila planteará ampliar los espacios disponibles para terrazas de bares y restaurantes y estudiará la concesión de nuevas terrazas a aquellos locales que ahora no las tengan.

Para los sindicatos CCOO y UGT es necesario tener en cuenta las especificidades de cada sector, por lo que, por ejemplo, subrayan la importancia de que la vuelta a las aulas se haga con garantías sanitarias tanto para los trabajadores como para alumnos. En el ámbito textil, CCOO propone una serie de medidas, como el autocontrol de la temperatura antes de acudir al centro de trabajo.

Y los empresarios piden medidas «complementarias» al plan de Sánchez para evitar despidos y que la actividad «vuelva a fluir». Lo ha dicho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en la cadena Ser, en la que ha puesto, como ejemplo de esas medidas, la flexibilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del fin del confinamiento. 

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