El Gobierno se enfrenta a un rosario de denuncias por su gestión de la crisis

Las manifestaciones del 8M, la falta de protección o los fallecimientos de infectados centran la mayoría de las demandas


Redacción / La Voz

Era evidente que luchar contra una epidemia desconocida hasta la fecha iba a desgastar al Gobierno, pero al margen de las consecuencias políticas de su gestión, el equipo de Pedro Sánchez y los altos cargos de su Gabinete tendrán que enfrentarse a una serie de reclamaciones judiciales, de las que no se escapan tampoco algunas autoridades autonómicas, por su actuación en la crisis del coronavirus. Desde las primeras demandas por permitir las manifestaciones del día de la mujer a las reclamaciones más recientes por las mascarillas defectuosas, van ya una quincena, y podrían aumentar en los próximos días.

Las manifestaciones

Manos Limpias. El sindicato Manos Limpias presentó una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir las manifestaciones del 8 de marzo pese a las voces que lo desaconsejaban. A su entender, las movilizaciones produjeron «una espiral de contagios» en la capital.

En Valencia. El abogado Mariano Lorente presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia una denuncia por prevaricación, lesiones y homicidio imprudente contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la delegada y el subdelegado del Gobierno y otras autoridades por permitir actos multitudinarios en medio de la pandemia.

Un abogado gallego. El abogado gallego Víctor Valladares denunció ante el Supremo al presidente del Gobierno por autorizar concentraciones multitudinarias en los días previos a la declaración del estado de alarma; entre ellas, las manifestaciones del 8M.

Las libertades

Extralimitaciones. El abogado Antonio Cortés denunció a Pedro Sánchez por un presunto delito contra los derechos fundamentales, al entender que se había extralimitado en las restricciones del estado de alarma; en concreto, en lo referente a la libre circulación, el cierre de fronteras, la libertad empresarial o el derecho de reunión y manifestación.

Medidas de protección

El sindicato CSIF. Denunció al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por falta de previsión e insuficientes medidas de protección ante los contagios.

Querella de los enfermeros. El Consejo General de Enfermería de España presentó una querella en el Supremo contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, así como contra otros cargos del Ministerio, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, por la falta de material para realizar su trabajo y por la oleada de contagios.

Plataforma de afectados por la pandemia. La entidad, creada a raíz de la crisis, presentó una denuncia ante el Supremo contra Salvador Illa y los responsables del Gobierno por la mala gestión de la crisis y la falta de transparencia.

Abogados Cristianos. La asociación se querelló contra el presidente del Gobierno, al que acusó de omisión del deber de socorro y prevaricación, al entender que, tras la primera víctima mortal en España, el 13 de febrero, el Gobierno tenía conocimiento de la letalidad del virus.

Homicidio imprudente

Vox. El partido se querelló recientemente contra el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros por los supuestos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.

Guardias civiles fallecidos. La Asociación Profesional de la Guardia Civil interpuso una querella contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Interior, Grande-Marlaska, por sendos delitos de homicidio imprudente grave y por vulnerar la ley de prevención de riesgos laborales a raíz de la muerte por coronavirus de cuatro agentes, y por no haber sido incluidas las fuerzas de seguridad entre los colectivos de alto riesgo.

Consumidores. La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena se querelló, entre otros, contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por un presunto delito de homicidio imprudente y lesiones, al entender que tenía conocimiento del alcance de la pandemia y no lo comunicó a tiempo.

Material deficitario

Las polémicas mascarillas. El Sindicato Médico se personará como acusación particular en las comunidades en las que haya contagios entre los profesionales de la salud que usaron la partida de mascarillas defectuosas. Lo hizo en comunidades como Andalucía, Aragón o Galicia. En esta última, el sindicato médico CESM-Galicia también denunció a la Xunta ante Inspección de Trabajo por la falta de equipos de seguridad.

Querella antes de morir. Una víctima del coronavirus que falleció el jueves en su domicilio de Barcelona presentó antes de morir una querella contra altos cargos de Sanidad —Fernando Simón entre ellos— y contra el administrador de la empresa que intermedió en la compra de test defectuosos para detectar el virus. Ordenó a sus herederos que siguieran adelante con la acción penal, en caso de ser admitida a trámite.

Archivan una demanda contra Feijoo y otros altos cargos por la gestión de las residencias

 

Redacción / La Voz

La Fiscalía Superior de Galicia archivó una denuncia contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y contra los conselleiros de Sanidade y Política Social, Jesús Vázquez Almuíña y Fabiola García, que había sido presentada por un familiar de un usuario de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense. En la demanda también se acusó a otros cargos de la Xunta y a la directora del centro, un procedimiento que sigue su curso en la Fiscalía de Ourense porque la Fiscalía Superior de Galicia solo se ocupa de las acusaciones contra los aforados.

En la demanda presentada por un particular se acusa a los denunciados, en relación a la gestión de la pandemia en la residencia de mayores, de una posible comisión de delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa. Sin embargo, la Fiscalía apela al «carácter genérico que revisten los hechos denunciados», tal y como recoge Europa Press de fuentes de la Fiscalía.

El archivo afecta a las acusaciones vertidas contra los aforados; es decir, contra el presidente de la Xunta y los conselleiros de Sanidade y Política Social. Sigue su curso, en cambio, la denuncia que afecta a otros cargos no aforados y a la dirección de la residencia de Ourense, un centro en el que permanecen 73 casos activos de coronavirus y en la que han fallecido 20 usuarios infectados en la epidemia.

La Fiscalía de Ourense investigará los hechos para determinar si la denuncia está motivada o si se archiva, como ocurrió con las diligencias abiertas por la Fiscalía Superior de Galicia.

Un juez no ve delito en un okupa y un sin techo multados once veces

 

E. V. Pita

Un okupa y un sin techo de Vigo que acumulan once multas por incumplir el confinamiento se libraron de ir a prisión porque el juez no vio un delito de desobediencia y archivó la causa contra ellos. El magistrado, que asume que ambos detenidos carecen de casa donde confinarse, resalta que para que su reincidencia fuese rebeldía tendrían que haber sido expresamente advertidos antes de las consecuencias de su incumplimiento. Así lo hizo él en su despacho cuando comparecieron y les avisó de que, si vuelven a ser pillados, se estudiaría si hay delito.

El auto dictado por el juez de Instrucción número 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el okupa y el sin techo por el delito de desobediencia. El magistrado se distancia de otros colegas que sí han condenado la multirreincidencia, pero Carballal recalca que la libertad deambulatoria, el estar simplemente en la calle, no puede ser un delito y tampoco la reincidencia en una infracción administrativa, a no ser que así lo dicte una ley, que no es el caso.

Sin ánimo de rebeldía

Tampoco ve ánimo rebelde en los dos indigentes. Ambos fueron detenidos el miércoles porque la policía los vio dos veces en media hora vagar, separados, por la céntrica calle Urzaiz. Acabaron en los calabozos por reincidentes. Uno acumulaba ocho propuestas de sanción administrativa, y el otro, tres. En caso de haber delito, los implicados se jugaban varios meses de cárcel.

El magistrado descarta un delito de desobediencia y lo encaja más como incumplimiento de carácter administrativo. No ve razón para criminalizar una infracción administrativa por el mero hecho de repetirla ni le consta que alguien les hubiera requerido, «con carácter previo y de forma expresa y clara», que cumpliesen el confinamiento. Pero les advierte que, en caso de reincidir, ahora que han sido avisados, se volverá a estudiar su asunto.

El magistrado ve «evidente» que el hecho de estar en la calle «no puede catalogarse sin más como grave» y destaca que los detenidos viven en la marginalidad social. Uno dio como señas una casa okupa. Y el otro, con domicilio oficial en Viveiro, reside en Vigo, bien «en la calle o en una casa también ocupada de forma ilegal».

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