El general Santiago admite el rastreo de «bulos», pero no de la «crítica política»

La ministra Celaá echa más leña al fuego al asegurar que el Gobierno no puede «aceptar que haya mensajes negativos»


Madrid / La Voz

A falta de mascarillas, bozales. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, acusó al Ejecutivo de pretender paliar la falta de material médico con mordazas, en un intento de silenciar las críticas a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El dirigente popular se hacía eco así de la polémica desatada días atrás con unas palabras del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en las que afirmó que el Instituto Armado trabajaba en las redes sociales para «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

Por correo electrónico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió en defensa de su hombre de máxima confianza dentro del cuerpo, afirmando que se trataba de un «lapsus» lingüístico. Sin embargo, a las pocas horas trascendió un correo electrónico enviado desde la dirección de la Guardia Civil a todas las comandancias en el que se ordenaba monitorizar aquellas «publicaciones susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno», una información tras la que se confeccionaría un dosier destinado a Marlaska.

Después del intento de este lunes por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de despachar la polémica, en la rueda de prensa del comité técnico de ayer sí se dio paso a la multitud de preguntas sobre el tema que llegaron al chat de periodistas habilitado por Moncloa. El responsable de la Guardia Civil trató de matizar sus palabras. «Hablamos de bulos y de desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información», trató de matizar el general.

Sin embargo, apenas unas horas antes, la ministra de Educación, Isabel Celaá, lejos de sofocar el fuego, aportó más leña: «No podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva falsos», subrayó en una entrevista matinal en TVE.

La ministra que le relevó al frente de la portavocía del Gobierno desde la llegada de la coalición, María Jesús Montero, trató de restarle hierro al asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al entender que se trata de «un asunto absolutamente menor». La responsable de Hacienda se agarró a la tesis del lapsus y achacó todo a un error comprensible debido a la falta de callo del general Santiago, quien, casi de un día para otro, se vio sometido «a una exposición continua ante los medios de comunicación».

Evitar delincuentes, no críticos

Marlaska fue el destinatario de una pregunta directa de un senador del PP respecto a este asunto en la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en la Cámara alta. El exjuez de la Audiencia Nacional aseguró que parte del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consiste en el «rastreo» de las redes sociales, pero circunscribió esta monitorización a un solo objetivo: «Evitar el delito». Así, justificó que con esa orden de la Guardia Civil lo único que se pretendía era perseguir a los delincuentes, y no a los críticos con la gestión del Gobierno. Y entre estos posibles delitos, puso como ejemplo la difusión de «informaciones falsas» que puedan generar el estallido de «una alarma social, no una crítica».

Desde la oposición denuncian que Pedro Sánchez está empleando el estado de alarma como excusa para justificar tics autoritarios, como la anulación del portal de transparencia, o la instrumentalización de instituciones u organismos públicos como el CIS en beneficio propio. «No era un lapsus, quieren perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen. No vamos a permitirlo», advirtió ayer el líder popular, Pablo Casado.

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