Las compras fallidas de Sanidad: test defectuosos a 26 euros la unidad y 2,1 millones en mascarillas de baja seguridad

El Gobierno ha gastado 350 millones de euros en contratos de emergencia desde marzo y se plantea enviar inspectores de calidad a fábricas chinas

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Sanidad tardó cinco días en certificar que un lote de mascarillas era defectuoso La distribuidora Interpharma ha devuelto los 7 millones adelantados por Sanidad por unos test rápidos defectuosos.

Colpisa

El Ministerio de Sanidad ha roto su silencio respecto a la compra del material sanitario que ha contratado de emergencia desde el inicio de la crisis del coronavirus. En total, se han destinado 350 millones de euros del crédito extraordinario con cargo al Fondo de Contingencia para la adquisición de 5.689.000 kits de diagnóstico, 496.800.000 mascarillas de protección respiratoria y 20.160.000 unidades de otros equipos de protección individual como guantes, batas o gafas de seguridad.

El mes en el que más contratos de emergencia firmó Sanidad fue marzo, en un momento en el que la demanda de equipos de protección a nivel mundial desbordó la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento, justo cuando la pandemia se empezaba a cebar con los países occidentales.

La escasez de materiales vino acompañada de cierta falta de escrúpulos por parte de algunos fabricantes y del oportunismo generalizado en parte del sector. En ese contexto, el 18 de marzo, se produjo la polémica adquisición de 659.000 test defectuosos por un precio de 17,1 millones de euros a la compañía china Shenzhen Bioeasy Biotechnology -que no se encuentra en la lista de proveedores recomendados por el Gobierno chino- a través de la farmacéutica española Interpharma. Eran las primeras pruebas de detección rápida del coronavirus que debían llegar a España y costaron 26 euros cada unidad.

De dicha cantidad, Sanidad adelantó 6.988.035 euros al fabricante (el 35% del total) cuando este se ofreció a enviar un partida de prueba de 58.000 kits de diagnóstico. Estos fueron analizados por el Instituto Carlos III, donde se determinó que la sensibilidad de estas pruebas era del 30%, cuando esta debía ser, como mínimo, del 80%. Por lo tanto, se consideraron defectuosos y el Ejecutivo rechazó los bienes entregados dejándolos a cuenta de Interpharma, a quién se instó a reintegrar al Tesoro Público el importe ya pagado, tal y como se refleja en un burofax enviado por Sanidad con fecha 8 de abril.

Mascarillas de baja seguridad

Lo mismo ocurrió con las 2,1 millones de mascarillas FFP2 adquiridas al fabricante chino GarryGalaxy a través del proveedor Hangzou Ruining Trading el pasado 20 de marzo. Al llegar a España, según Sanidad, se analizaron en el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se constató que la eficacia media de filtración de varios lotes se encontraba «en torno al 70%». El pedido se pagó por adelantado, e incluía un total de 8,8 millones de mascarillas por un importe total de 31.291.547,08 euros.

Sanidad pidió al intermediario cesar «inmediatamente» el suministro de cualquier tipo de material de este fabricante y el reemplazo de las mascarillas defectuosas, además, avisó al proveedor de que estaba trabajando con Aenor para realizar en territorio chino «servicios de inspección y control de calidad».

Lo más sangrante de esta situación es que 400.000 de estas mascarillas fallidas son las que se distribuyeron en casi todas las comunidades autónomas entre miles de trabajadores sanitarios que han tenido que ser testados o están a la espera de ello. La Organización Colegial de Enfermería, por su parte, ha llegado a afirmar que se estuvieron usando durante diez días antes de que se advirtiera la baja seguridad de este material.

Operadores a 30 euros la hora

Entre los contratos de emergencia también hay otras contingencias. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo con Telefónica el pasado 23 de marzo para dar apoyo al Centro de Mando y Control Covid-19 con el objetivo de «establecer un canal de comunicación con los servicios sanitarios y los centros hospitalarios». Se destinó a ello una partida de 528.528 euros para montar un equipo de 20 agentes durante tres meses para controlar la documentación y gestionar los datos relativos al coronavirus. Otro de los contratos también incluye una partida de 4,5 millones de euros destinada a la contratación de una campaña de publicidad para «sensibilizar a la población» entre marzo y mayo.

El Gobierno introduce por error una estimación de que el 70% de la población se contagiará de COVID-19 en un documento del SEPE

Pablo Gómez Cundíns

Tras haberlo publicado, el Ministerio asegura que no existe tal estimación

Una contratación de análisis para detectar el COVID-19 entre sus trabajadores por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dejado al descubierto las previsiones de contagio del Gobierno: el 70% de la población acabará contrayendo la enfermedad, aunque horas después, rectificó.

Aclarando que había sido un error haber incluido la cifra e incluso negando la existencia de la propia estimación del 70%, el SEPE emitió una nota en la que asegura que «procederá a la aclaración de la Memoria Justificativa y Pliego de Prescripciones Técnicas de dicho contrato». «Los ratios de transmisión, así como la incidencia sobre la población española, serán los determinados por las autoridades sanitarias españolas como resultado de los estudios epidemiológicos que se realicen por éstas», aclara.

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