Advierten, en todo caso, mejoras en los centros desde que fueron, tanto en su comida, limpieza como atención médica
18 abr 2020 . Actualizado a las 19:28 h.Los familiares de usuarios de residencias afectados por la propagación del coronavirus estiman que la vía judicial será clave en la determinación de posibles responsabilidades en la extensión de la pandemia por los centros asistenciales. Tras presentar ante la Fiscalía una petición de investigación para determinar posibles negligencias, y ampliarla esta semana a los directivos y propietarios de los centros de mayores, el colectivo de familiares REDE amplía sus denuncias a tres cargos de la Xunta. Bajo las mismas acusaciones de denegación de auxilio, abandono, omisión de socorro, entre otras, la plataforma pide a la Fiscalía que investigue las decisiones tomadas ante esta crisis por el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa; por el subdirector xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, Fernando González, y la jefa de servicio de Inspección de Maiores e Discapacitados, Berta Besada.
La Federación Galega de Asociacións de Usuarias e Familiares de Usuarias de Residencias e da Dependencia considera que el registro de más de mil contagiadas, entre residentes y trabajadores, y los 150 fallecidos se explican por «a xestión que do COVID-19 se fixo nas residencias». Entiende la plataforma que los estamentos denunciados de la Administración gallega son corresponsables por no haber actuado y exigido planes de protección y profilaxis que ya se estaban aplicando en otros centros similares.
Advierte que las deficiencias que han llevado a intervenir hasta tres centros de mayores en Galicia habían sido denunciadas por las familias de los usuarios y parte de los trabajadores de las residencias, achacando a la dirección xeral de Maiores «a obriga de facer cumprir coa lexislación nas residencias, inspeccionalas, abrirlles expedientes e sancionalas».