Hungría manda a pacientes a casa para hacer sitio a infectados de coronavirus

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

Profesionales sanitarios trasladan equipamiento diagnóstico en un hospital de campaña en Budapest
Profesionales sanitarios trasladan equipamiento diagnóstico en un hospital de campaña en Budapest MARTON MONUS

La decisión del Gobierno de Viktor Orbán ha suscitado centenares de críticas de enfermos que deberán ser tratados por sus familias

17 abr 2020 . Actualizado a las 17:37 h.

Si hace unas semanas saltaba a los titulares la polémica decisión de Israel de sacar a ancianos de hospitales para conseguir mayor disponibilidad de recursos sanitarios y garantizar que no se infectan de COVID-19, ahora es el Gobierno de Hungría el que ha ido un paso más allá. El ejecutivo húngaro que dirige el conservador Viktor Orbán ha acordado que mandarán pacientes a casa para hacer sitio en los centros médicos a infectados de coronavirus.

Se trata de una medida que ya lleva produciéndose hace unos días, desde que decenas de miles de camas de hospitales hayan sido liberadas, suscitando centenares de críticas de enfermos trasladados y de sus familias, ya que estas últimas ahora deberán ocuparse de los tratamientos de los primeros. Lo cierto es que esta decisión está privando de la atención adecuada a recién operados, pero también a personas que incluso se encuentran en estado grave.

En este sentido, Orbán no ha respondido al aluvión de críticas que ha desatado esta suerte de desalojo sanitario. Con todo, el ultranacionalista sí explicó el objetivo de la medida: «No podemos matar el virus, pero empezamos a preparar nuestros hospitales». En una de sus entrevistas semanales en la radio pública nacional, el presidente también alegó que se trata de una iniciativa que será necesaria para que «en el peor de los casos haya suficientes camas, respiradores y trabajadores».

Los detalles de la medida

La orden que fue lanzada por el ministro húngaro de Recursos Humanos, Miklós Kásler, se corresponde con que, para este domingo, todos los hospitales del país deben dejar libre el 50 % de las camas para asistir a infectados de COVID-19, un volumen de plazas que ampliará un 10 % en futuras fechas hasta llegar a las 36.000. Es necesario destacar que hay unas 66.000 camas de hospitales en toda Hungría y el 70 % estarían ocupadas, es decir, que entre 10.000 y 15.000 pacientes deberán abandonarlas en contra de su voluntad y marcharse a casa.

Desde el momento en que se dio a conocer la decisión, numerosos médicos, expertos y los partidos de la oposición alertaron del peligro que podía suponer el traslado de enfermos a sus casas. Los grupos políticos incluso han sembrado la sospecha de que podría haber una ocultación de datos por parte del Gobierno, ya que si hay 1.763 casos de coronavirus confirmados, consideran que se están preparando para una realidad mucha peor. La respuesta de Kásler a la tormenta mediática fue el despedido, ese mismo día, de dos directores de hospitales que se negaban a echar del complejo a pacientes que necesitaban tratamientos especiales.

Es necesario destacar que Viktor Orbán sí cuenta con apoyo en su gabinete, -cuestión que ya no está garantizada en este contexto de crisis, si se analiza el caso de países como Brasil y de la destitución del ministro de Salud de Bolsonaro- y de expertos. Precisamente, la médica general de Hungría, Cecília Müller, defendió la orden indicando que serán necesarias «paciencia y colaboración» cuando se produzca el pico de contagios en el país.

Para cuando concluya la pandemia, la ordenanza del ministerio tendrá más víctimas que el coronavirus»

No obstante, no todos los profesionales opinan como Müller, tal y como dejó plasmado el médico Zsombor Kunetz, clarificando lo evidente, que las familias no están capacitadas para realizar las funciones del personal sanitario. «Para cuando concluya la pandemia, la ordenanza del ministerio tendrá más víctimas que el coronavirus», sentenció. Igualmente, desde la oenegé Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ), Márton Asbóth se pronunció en la misma línea y destacó que «es una dura violación de la legislación. El Estado no puede decir que desde hoy no puede seguir con el tratamiento de estos enfermos y tampoco que desde ahora su familia debe ocuparse de ellos».