Los empleados realizan servicios mínimos pero los abogados y procuradores pueden enviar escritos por LexNet
15 abr 2020 . Actualizado a las 13:22 h.Hasta 80 funcionarios se han reincorporado esta mañana a trabajar presencialmente en los dos edificios judiciales de la calle Lalín, en Vigo. Durante la primera fase de la cuarentena, solo se quedó activo un retén en los juzgados y el resto permaneció en situación de disponibilidad en sus casas. En total, la plantilla es de 380 funcionarios, por lo que se ha incorporado una quinta parte, que va rotando. Ahora, por cada sala, hay dos funcionarios que se van rotando con el resto de personal. A mayores, hoy es el primer día que los abogados y procuradores presentan escritos por vía telemática a través de la red judicial LexNet.
El presidente de la junta de personal de la provincia de Pontevedra, Julián González, ha explicado hoy que «se ha incrementado considerablemente la dotación de personal de forma presencial, se siguen garantizando el cumplimiento de los servicios esenciales. Aún no hay datos sobre el número de escritos presentados, hoy es el primer día».
Desde el sindicato STAJ, Julián González señala que han presentado escrito al Ministerio solicitando la retirada de la resolución de fecha 13 de abril dado que establece una dotación de personal excesiva, no garantiza los medios de protección adecuados para la prestación presencial del servicio, y permite la presentación indiscriminada de escritos y realización de cualquier tipo de actuación judicial esté o no amparada por los servicios esenciales decretados en el real decreto de estado de alarma.
Además, «hemos verificado que los medios de protección no están llegando a todos los centros de trabajo, por lo que si no retiran dicha resolución hemos pedido, en todo caso, que se posponga su entrada en vigor hasta que se verifique que se ha dotado de dichos medios a todo el personal, sin excepción».
STAJ está estudiando, además, la interposición de las acciones que sean procedentes contra la resolución del Ministerio.
Junto a ello, STAJ ha vuelto a incidir en la petición de un vuelta a los puestos de trabajo y a la actividad procesal de forma escalonada, por fases, así como la implantación de mecanismos de teletrabajo seguro, de carácter voluntario, con equipos informáticos securizados, propiedad de la Administración, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad.