Sanidad pone a disposición de las comunidades autónomas los centros privados que hacen test de coronavirus y prevé regular precios
SOCIEDAD
Publica hoy una orden en el BOE con las instrucciones, en las que establece que estos laboratorios tendrán que comunicar cada caso de COVID-19 que detecten
14 abr 2020 . Actualizado a las 11:07 h.El Ministerio de Sanidad pone a disposición de las comunidades autónomas todos los centros de titularidad privada que hacen test de coronavirus, tal y como puede verse en una orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que estos laboratorios de diagnóstico clínico privados, y por extensión su personal, estén disponibles desde hoy mismo para reforzar los servicios públicos existentes en cada comunidad autónoma, en el caso de que todavía no lo estuviesen haciendo.
La realización de pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus debería seguir siendo prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices que marquen las autoridades sanitarias. A partir de ahí, las comunidades contarán tanto con los centros públicos como privados para hacer los pertinentes test. Los laboratorios privados, ante esta nueva orden, tienen obligación de notificar los casos detectados de COVID-19 así como de la compra de test rápidos de diagnóstico, indicando a la autoridad sanitaria de cada comunidadel el tipo de material que usan, las unidades con las que cuentan y su finalidad. El Ministerio de Sanidad insta a las comunidades a que sean las que establezcan el protocolo para que los centros privados les comuniquen los resultados de los test con la mayor brevedad posible.
Por otra parte, y para evitar posibles situaciones abusivas, el Gobierno se reserva la posibilidad de regular el precio de los test para la detección de COVID-19. Esta nueva medida estará vigente desde hoy mismo hasta que finalice el estado de alarma, es decir, se momento hasta el 26 de abril.
En la orden que se publica en el BOE se advierte a los centros privados que realizan test diagnósticos que se exponen a sanciones de no ponerse de forma inmediata a servicio del sistema sanitario público.