La Xunta cierra una residencia de A Fonsagrada con 29 ancianos con síntomas de maltrato

Los mayores fueron trasladados al HULA para un chequeo general

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Ambulancias regresan a A Fonsagrada Ambulancias regresan a A Fonsagrada

Lugo / La Voz

Los mayores que residen en el centro de la tercera edad conocido como Vivienda Comunitaria Burón I y Vivienda Comunitaria Burón II de A Pobra de Burón, en A Fonsagrada, tendrán que regresar con sus familiares o ser trasladados a otros centros debido a las «deplorables» condiciones en las que fueron hallados.

La Xunta cerró el centro para desinfectarlo y por el peligro existente para la integridad y salud de los internos. «Tómase esta decisión despois de que a inspección de servizos sociais recibise onte un informe dos servizos sociais de A Fonsagrada que alertaba de posibles irregularidades. A inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia desprazouse de xeito inmediato a estas vivendas comunitarias para corroborar estes feitos e deu aviso á Garda Civil», informa la consellería de Política Social en un comunicado. 

La residencia tiene capacidad para 23 internos y, sin embargo, se han hallado 29 usuarios en su interior. Algunos estaban hacinados e incluso atados a su cama, según afirma la Xunta. 

Los usuarios fueron trasladados al Hospital de Lugo, el Hula, para un chequeo general; se les hiceron las pruebas del coronavirus (que dieron negativo) y a continuación la Xunta los distribuyó por otros centros. «O obxectivo do traslado dos residentes é garantir que as persoas maiores que eran usuarias destes centros gocen da atención e dos coidados sociosanitarios que necesitan», informa la Xunta, que trasladó a la Fiscalía los hechos constatados en estos centros por la inspección de servicios sociales, por si pudiesen ser constitutivos de ilícito penal.

La responsable del centro es, desde hace años, Isabel Niño, quien también regenta una residencia de ancianos en el casco urbano de A Fonsagrada. Esta tarde se encontraba en las propias instalaciones intervenidas, pero se negó a hacer declaraciones sobre lo sucedido. Posteriormente, La Voz quiso contactar nuevamente con ella por teléfono para saber su versión, pero no respondió a las llamadas.

La gerente del centro ahora intervenido por Política Social se hizo con la dirección de la residencia después de estar trabajando en la misma unos años. La propietaria del centro se jubiló, y se lo traspasó a ella. Esta registró la Vivienda Comunitaria Burón I en diciembre de 1999 con una capacidad para once personas. En marzo del 2005 amplió las instalaciones y registró una nueva residencia llamada Vivienda Comunitaria Burón II, con capacidad para otras doce personas. Después fundó Remanso de Paz, otra residencia en el casco urbano de A Fonsagrada que sigue en funcionamiento.

Según explicaron fuentes conocedoras de su funcionamiento, la responsable permanecía durante el día en esa residencia del centro de A Fonsagrada, y por la noche acudía junto a su marido a Puebla de Burón, para encargarse de la atención a los ancianos, dejando a un hijo al frente de la residencia del casco urbano. Es precisamente esa atención la que ahora se investiga.

La Fiscalía abre diligencias sobre las residencias de mayores en Galicia

Carlos Punzón

Recaba información de todos los centros ante la presentación de una denuncia genérica y la orden de la Fiscalía General del Estado de atender a la situación de los establecimientos de mayores

La situación de todas las residencias de mayores, la incidencia que el coronavirus está teniendo en ellas, el número de contagiados, el de fallecidos y los protocolos que se han establecido para evitar la expansión del COVID-19 están siendo objeto de análisis diario por parte de las fiscalías de las cuatro provincias gallegas y la Fiscalía Superior de Galicia, que recaban datos cada día de dichos centros. 

Una denuncia de carácter genérico presentada por el Defensor del Paciente para que se investigue la proliferación de contagios que han registrado las residencias de ancianos en Galicia ha dado pie a que el Ministerio Público haya activado una herramienta de análisis denominada «diligencias preprocesales civiles» que no tienen carácter de investigación pero que permiten a la Fiscalía hacer un seguimiento genérico de las residencias para detectar posibles problemas. Es un examen preliminar que las fiscalías provinciales tienen que llevar a cabo y que se suman al proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado que tiene abiertas 31 diligencias de investigación penal en toda España sobre la situación de residencias, ninguna de ellas en Galicia, según indica el Ministerio Público en la comunidad. 

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