Advierte de que pueden dar «falsos positivos» y no eliminan el cuello de botella
08 abr 2020 . Actualizado a las 21:43 h.La Xunta tenía grandes esperanzas depositadas en los 58.000 test rápidos que le remitió el Ministerio de Sanidad a lo largo del fin de semana para detectar el COVID-19, pues entendía que la entrega contribuiría a romper el cuello de botella que se le formó en los muestreos en las residencias de mayores y de discapacitados por falta de material suficiente. En cambio, no fue así. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, manifestó este miércoles que los test rápidos recibidos «por si solos no valen para hacer un diagnóstico fiable», así que deberán ser complementados con las pruebas PCR, que requieren de un manejo más complejo y lento que las anteriores.
Respeto al material remitido por el Gobierno central, Feijoo dijo: «Pensábamos que eran test definitivos, que utilizándolos podíamos hacer un diagnóstico fiable al 100 %». «Lamentablemente eso no es así», añadió el mandatario autonómico, antes de remarcar que esto es lo que impidió que se pudiera realizar un «cribado masivo» de pruebas en las residencias de mayores, que sigue siendo uno de los motivos de mayor preocupación de las autoridades sanitarias, por el elevado número de positivos que se están detectando entre los internos y los trabajadores.
El presidente de la Xunta hizo hincapié en que los test rápidos pueden dar «falsos positivos», al señalar que no distinguían entre personas inmunizadas, que superaron la infección, y otras que aún no lo hicieron. «No son los que esperábamos», dijo Feijoo sobre los test enviados por Sanidad.
Con las valoraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo gallego en la rueda de prensa telemática que siguió a la reunión del Consello, acabó envuelto en una polémica con el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, que este miércoles remarcaba que los test que envió el Gobierno central son los que la Xunta pedía. «Non podemos caer en facer polémicas que non veñen a conto nin solucionan nada», añadió Caballero, que cree que los test suministrados por la Administración del Estado a las comunidades son «un mecanismo útil» y los que se estaban demandando desde los Gobiernos autonómicos.
Una decepción
Preguntado por si se conocían de antemano el tipo de test de que se trataba, algo que asegura el líder del PSdeG, Feijoo dijo que le parecía «sorprendente» esta valoración. Insistió en que los test se ofrecieron como vía para acelerar los diagnósticos, y se acabó comprobando que por sí solos no valen y que necesitan ser complementados con los llamados test PCR. «Nos llevamos una cierta decepción», esgrimió Feijoo, antes de deslizar que a lo mejor sí sabían en el PSOE la utilidad real de dichos test.
Caballero reaccionó tras la rueda de prensa del Consello a través de su cuenta en Twitter, donde colgó un vídeo de Feijoo acompañado de este mensaje: «Esto decía Feijoo este domingo. Que Galicia quería unos 60.000 test de diagnóstico rápido, que eran necesarios. Ahora que el Gobierno de España los envió a la Xunta, dice que no le sirven. Es momento de trabajar con lealtad frente a la crisis del COVID-19», demandó el líder de los socialistas gallegos.
Humanizar las ucis
En la reunión del Gobierno gallego también se analizaron otros asuntos, como el nuevo protocolo aprobado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para «humanizar», dijo Feijoo, la situación en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales para los afectados por coronavirus. Los pacientes en fase terminal no podían siquiera ser despedidos por sus familiares, pero ahora que se dispone de más material de protección, el Sergas facilitará que un familiar pueda acompañar al paciente.
El Consello también autorizó un gasto de 10,5 millones de euros para la compra de más material médico y de protección para luchar contra la epidemia del coronavirus. En la operación se incluye la adquisición de 57.250 unidades de test.
La Xunta quiere reactivar 510 obras públicas desde el lunes para amortiguar el desplome económico
El Gobierno gallego decidió reactivar todas las obras públicas que se vieron interrumpidas por la declaración del estado de alarma y el refuerzo posterior de las medidas de confinamiento, a la vez que agilizará los procesos de licitación y adjudicación que estaban ultimados. Son un total de 510 actuaciones que movilizarán una inversión de 300 millones de euros para ejecutar trabajos que van desde las reformas de centros educativos o sanitarios hasta la construcción de estaciones intermodales, pasando por los proyectos de abastecimiento de aguas.
El presidente de la Xunta considera que la recuperación de esta actividad es fundamental para sostener el empleo y «as constantes vitais da economía», aunque solo se podrá llevar a cabo cumpliendo los protocolos de seguridad y salud laboral.
La voluntad de la Xunta es reactivar las obras desde el lunes 13, justo después de Semana Santa, aunque eso depende del visto bueno del Gobierno central, que prorrogó el estado de alarma hasta el día 26. Con todo, Feijoo cree es compatible mantener la alarma con la recuperación de algunas actividades, pues interpreta que «o decreto de hibernación caduca o 12 de abril», y a partir del lunes rigen las normas del decreto de 4 de marzo.
Para sacar este plan adelante, la Xunta hizo un ajuste presupuestario para movilizar 100 millones de euros en ahorros de gasto corriente, lo que permitirá compatibilizar la atención a la obra pública con los crecientes compromisos con el gasto sanitario y la política social para hacer frente a la epidemia de coronavirus.
En la rueda de prensa telemática posterior al Consello, Feijoo también se pronunció sobre cómo se debe ir recuperando la normalidad cuando se levante el estado de alarma. Explicó que en la última conferencia de presidentes mantenida por Pedro Sánchez se abrió la posibilidad de que «en distintos territorios se podan recuperar determinadas actividades», algo que ni siquiera tiene por qué coincidir con los límites geográficos de una comunidad, pero sí ha de contar con el plácet del Gobierno.
Y a eso se aferra la Xunta para ir desescalando la alarma. Feijoo dejó claro que cuando hace 10 días se restringió más la actividad económica, había determinadas cosas que no se podían hacer en Cataluña o en Madrid, donde el impacto de la epidemia fue mayor, que sí se podían llevar a cabo en Galicia. Así que entiende que a partir del lunes 13 de abril se deberá recuperar plenamente la actividad industrial, de la automoción y en la construcción.
El PSdeG llama a intervenir las residencias
El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, mostró su «preocupación» por el número de contagios que se están produciendo en las residencias de mayores y pidió a la Xunta que «interveña» los centros en las que la afección es «masiva».
«Seguen chamándonos familiares de usuarios que non teñen información do que está ocorrendo e traballadores que están moi preocupados», manifestó Caballero, dejando entrever que también había denuncias por vía judicial y ante la valedora do pobo.
El PSdeG pide «claridade» en lo que concierne a las residencias y demanda que el presidente de la Xunta comparezca ante el Parlamento.
Podemos critica que se despida a sanitarios
El líder de Podemos en Galicia y candidato de Galicia en Común (GeC) a la Xunta, Antón Gómez-Reino, denunció que es «intolerable» que la Administración gallega «despida pola mañá aos sanitarios aos que a cidadanía aplaude pola tarde».
En una rueda de prensa telemática, Gómez-Reino se hizo eco de las denuncias sindicales que apuntan a que el Sergas estaría enviando al paro a profesionales de la enfermería y otros ámbitos que caen de baja por contagios del coronavirus. «Non merecen ese trato», remarcó el número uno de Podemos Galicia, sobre el colectivo que considera «a principal liña de defensa» contra el virus.
El BNG pedirá una investigación en el Parlamento
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó este martes que los mayores que no presenten síntomas de infección del coronavirus, y que así lo soliciten, puedan abandonar las residencias y pasar el confinamiento con sus familias. La dirigente nacionalistas mostró así su preocupación por la crisis generada en estos centros asistenciales y avanzó que, cuando se levante el estado de alarma, pedirá una investigación en el Parlamento de Galicia para conocer lo que ha ocurrido, demanda que tiene el inconveniente añadido de que la Cámara está disuelta.