El Ejecutivo estudiará otras «posibilidades legales» si los asintomáticos no se aíslan voluntariamente
SOCIEDAD
El Gobierno quiere extender los test rápidos y garantiza que el uso de mascarillas no será obligatorio mientras el mercado esté desabastecido
06 abr 2020 . Actualizado a las 11:53 h.«Que nadie olvide que actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales». Tras la videoconferencia mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, el Ejecutivo ha precisado que todas las actuaciones y las medidas que se lleven a cabo para luchar contra la propagación del coronavirus se harán en el marco de un estado de alarma que «tiene plena cabida en la Constitución». Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la pregunta de si el aislamiento en hoteles, albergues o polideportivos que se está estudiando para los positivos asintomáticos del COVID-19 será una medida obligatoria o voluntaria para los afectados.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha explicado que el criterio para adoptar esa medida de confinamiento para alejar a los asintomáticos de sus familias y evitar así el contagio será médico. «Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible», ha dicho, pero en caso contrario «se estudiarían todas las posibilidades legales porque el principio fundamental es mantener la salud pública», dentro de un «exquisito respeto a las libertades individuales y el Estado de derecho, que está derecho está plenamente vigente».
Según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se trataría de «facilitar a aquellos ciudadanos que lo deseen» la posibilidad de confinarse voluntariamente, siempre bajo los criterios de prudencia y evidencia científica con «el máximo respeto posible a los derechos y libertades del Estado democrático». Lo que se pretende, ha indicado, es de actuar con la «máxima anticipación» y teniendo «todas las opciones abiertas» para hacer «un seguimiento adecuado» de la evolución de la pandemia.
En cuanto a la posibilidad de exigir el uso generalizado de mascarillas, Illa ha explicado que «hubo un cambio de posición de las recomendaciones de la OMS al respecto» y que su ministerio estudia esa cuestión. «El Gobierno no va a exigir nada que no se pueda cumplir», añadió en cuanto al desabastecimiento actual de mascarillas en el mercado español. Respecto al posible control de los precios de los productos sanitarios, ha asegurado que se está evitando «que nadie quiera beneficiarse de la situación». Grande-Marlaska ha explicado que se han repartido ya casi 2,5 millones de mascarillas, 500.000 de ellas esta misma mañana. «Hay un plan específico de protección de los locales abiertos, como supermercados o farmacias, porque protegerlos es uno de los objetivos de estos días», ha añadido.
El Gobierno admite que hay cierta descoordinación en la presentación de datos por parte de las comunidades. Según el ministro Illa, algunas autonomías «han entregado datos de fallecimientos en las residencias de mayores, otras no». Y, ante ello, el Ejecutivo insiste en que quiere disponer de información «para tener una foto completa de qué está pasando», algo que Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos.
En cuanto al plan para extender los test rápidos de forma masiva, indicó que se harán tantos como sea posible, aunque «los de referencia serán los PCR». «Estos son los más importantes, y España hace de 15.000 a 20.000 diarios. Queremos hacer más, y por eso trabajamos con empresas. Esperamos en breve tiempo aumentar la capacidad». «Los test rápidos son complementarios, hemos adquirido cinco millones, y hoy se están repartiendo un millón de ellos», ha dicho, precisando que esas pruebas se utilizarán para hacer «un cribado rápido en hospitales y residencias».