El CSIF culpa al responsable de Sanidad del alto número de contagios entre los profesionales del sector
31 mar 2020 . Actualizado a las 13:19 h.Las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios durante la pandemia llegan a los tribunales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad Salvador Illa, por delitos contra los trabajadores - los héroes de esta pandemia- por infracción de las normas de prevención laboral, lesiones y homicidio imprudente por no dotar del material de protección individual necesario a los profesionales de los hospitales y centros de salud que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
El sindicato destaca que la falta de previsión y las insuficiente medidas de protección con las que cuenta el personal del Sistema Nacional de Salud han provocado que a 30 de marzo, un total de 12.298 sanitarios estuvieran infectados por el COVID-19. Una cifra que representa el 14,4 % de los contagiados en España. Además, seis de ellos habrían fallecido por ese motivo, según los datos del propio Ministerio de Sanidad.
El CSIF denuncia, según apuntan EFE, la pasividad del departamento ministerial al que reclamó desde la aprobación del decreto de alarma, reiteradamente, la dotación de «equipos de protección individual para garantizar la seguridad y salud de dicho personal en el desempeño de sus funciones, ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material». E incide en que «más de dos semana después», muchos centros hospitalarios carecen de los «preceptivos y necesarios equipos de protección individual» (guantes, gafas, batas, mascarillas).
Por ello, el CSIF acusa en su denuncia al ministro Illa, autoridad delegada para gestionar la pandemia del coronavirus, de no haber seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de incumplir su deber de «adoptar con urgencia las medidas necesarias al efecto» y entre ellas la «más esencial», evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el texto recoge una comparación con China, país al que atribuye una «gestión mucho más eficaz que en España», al conseguir que solo se contagiaran el 4 % de los profesionales de la sanidad.
La denuncia apunta también que muchos sanitarios se han quejado de que no se les ha informado con claridad sobre las actividades y tareas a realizar en cada nivel y que se han producido «amenazas administrativas y ceses» por exigir la adopción de medidas de seguridad y exigir pruebas de diagnóstico del COVID-19.
Por todo ello, el sindicato considera que el ministro de Sanidad podría haber cometido un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral pero también de lesiones y de homicidio imprudente por la «ineficacia de la actuación» y por la «imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del sector sanitario en todo el país».
Apuntan desde la central sindical que esta misma denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y el sindicato ya está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la administración.