Abren diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo

La querella incluye a Pedro Sánchez, pero la jueza pide al denunciante que traslade al Supremo la acción contra el presidente del Gobierno

Miembros del Gobierno, en la manifestación del 8M en Madrid
Miembros del Gobierno, en la manifestación del 8M en Madrid

Madrid / La Voz

Un juzgado madrileño ha abierto diligencias penales por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo a pesar de la recomendación emitida el 2 de marzo por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

La denuncia presentada ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha sido interpuesta por un abogado particular e incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los delegados del Gobierno de España. Sin embargo, la magistrada solo ha abierto diligencias sobre el delegado en Madrid y pide al denunciante que traslade a la Sala Segunda del Tribunal Supremo las acusaciones contra los miembros del Gobierno de España. 

El denunciante precisa que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraron 77 manifestaciones solo en la Comunidad de Madrid, entre las que cita la del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, en la que participaron miembros del Ejecutivo de coalición. Pese a admitir la querella, la jueza tiene «serias dudas» de que haya un delito de prevaricación administrativa, pero no lo descarta. «Serias dudas plantea a esta instructora que esta sea la calificación procedente, sin tampoco descartarla. La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional, aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica», señala en su escrito. 

La titular del juzgado solicita un informe al médico forense sobre si las manifestaciones que se celebraron esos días suponían un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas. Y, en caso de que fuera así, si esa circunstancia era científicamente notoria con carácter previo. A la Guardia Civil le pide que informe sobre si las autoridades remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid y si desde este organismo y desde la organización de la concentración se advirtió o no a la población de los riesgos que se asumían al asistir a esas concentraciones.

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