La otra prioridad es proteger al máximo a las personas que trabajan en las residencias y evitar que sean contagiadas o sufran cuadros de estrés o depresión. Como ya está sucediendo en numerosos hospitales, las posibles bajas de este personal cualificado dejaría fuera de juego durante dos semanas o más a una serie profesionales imprescindibles para el funcionamiento de los centros, un serio problema al que habría que sumar la dificultad de contratar en estas circunstancias a nuevos trabajadores.
El Gobierno destina 300 millones para atender a ancianos y dependientes
El vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, informó ayer que el Ejecutivo ha creado un fondo social extraordinario de 300 millones de euros para reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales, y que «en muchos casos están solos y solas en sus casas». «Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación de todas estas personas», ha destacado.
