Las discrepancias en el Gobierno de coalición retrasan las medidas económicas contra el coronavirus

El vicepresidente segundo, líder de Podemos, se saltó la cuarentena para acudir a un Consejo de Ministros que duró 7 horas. Ambos socios chocaron por las disposiciones económicas, las cuotas de poder en el estado de alarma y las cuestiones territoriales. Torra y el PNV, contra el decreto: es «un 155 encubierto»


La Voz

El Consejo de Ministros extraordinario de hoy se preveía expeditivo. Tras haber anunciado ayer Sánchez que este sábado decretaría el estado de alarma para abordar la crisis del coronavirus con la mayor «agilidad», y tras haberse filtrado a la prensa esta misma mañana alguna de las medidas que contempla activar el Gobierno al amparo de este artículo constitucional, todo apuntaba a un trámite. Pero no fue así.

Se estimaba que la comparecencia del presidente en la que anunciaría las medidas de excepción sería alrededor de las 14.00. Pero tras varios retrasos, el Consejo de Ministros duró hasta las seis de la tarde. Y no fue tranquilo. Los dos socios del Gobierno chocaron en tres frentes. Por las medidas económicas, por las cuotas de poder durante la aplicación del estado de alarma y por la cuestión territorial. Las discrepancias han provocado que el paquete de medidas económicas para amortiguar los efectos del coronavirus se hayan quedado fuera del decreto de hoy y se debatirán en otra fecha próxima. Sánchez acabó compareciendo pasadas las nueve de la noche.

Fuentes de la Moncloa apuntaron que el Consejo de Ministros se complicó casi desde su comienzo por las discrepancias a la hora de abordar la crisis entre los pesos pesados del PSOE y los de Unidas Podemos.

Una de las principales discrepancias fue eminentemente económica. Iglesias y Yolanda Díaz exigían más protección y garantías para los trabajadores que puedan verse afectados, mientras Calviño y María Jesús Montero advirtieron del peligro de ofrecer cosas que luego no puedan cumplirse. 

Según apuntan dichas fuentes, estas discrepancias, surgidas ya en las reuniones de ayer, fueron las que motivaron que Pablo Iglesias se saltara la cuarentena que se fijó tras conocerse el positivo de Irene Montero por COVID-19, y acudiera a Moncloa este mañana para defender la posición de su partido. Porque el Consejo de Ministros, además de expeditivo, se preveía también telemático, pero a última hora el presidente decidió que se llevara a cabo de forma presencial. 

La segunda discrepancia fue un pulso de poder. El equipo confeccionado por el presidente del Gobierno para dirigir el estado de alarma solo tenía color socialista. Según se aprecia en el documento que lleva circulando por los teléfonos desde primera hora del día, el jefe del Ejecutivo conformó un equipo especial en el que solo están representantes de uno de los socios de coalición, el PSOE, dejando fuera a Iglesias y a cualquier dirigente de Unidas Podemos. Además de Sánchez, como máximo responsable, integrarían este equipo Margarita Robles, como titular de Defensa; Grande-Marlaska, como máximo responsable del Interior, José Luís Ábalos, responsable de Transportes, y el titular de Sanidad, Salvador Illa. 

El PP, por boca de su secretario general, Teododor García Egea, criticó al Ejecutivo de coalición, dijo que «no estaba pensado para gobernar» y acusó a sus componentes de ser «incapaces ante una crisis gravísima».

El tercer foco de tensión fue el territorial. El borrador del decreto del estado de alarma que trascendió públicamente atribuye al Gobierno central competencias extraordinarias para frenar la propagación del virus. Y eso provocó sonoras protestas desde los gobiernos vasco y catalán, conformados por partidos que son sostenes parlamentarios del Ejecutivo de coalición. 

El PNV, por boca del portavoz del Gobierno vasco que preside Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se manifestó contrario a que el Ejecutivo de coalición anulara las competencias autonómicas en materia de Seguridad y Salud. Y declaró que eso sería como «aplicar un artículo 155». 

Desde Cataluña, el presidente de la Generalitat, el independentista Quim Torra, que cogobierna con otro socio de Pedro Sánchez, ERC, ha hablado con el lendakari Iñigo Urkullu y dice que ambos no pueden aceptar «que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo; no recentralización».

Después fue la portavoz del Govern y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, la que aseguró que desde la Generalitat estaban dispuestos a trabajar conjuntamente contra el coronavirus, pero que no permitirían «que se vulnerara» sus competencias.

Tras estas declaraciones, el Gobierno vasco y el catalán harán mañana frente común en la conferencia de presidentes autonómicos que ha convocado Pedro Sánchez por videoconferencia.

El coronavirus no entiende de estatutos

Las manifestaciones de los gobiernos vasco y catalán tuvieron respuesta desde las filas socialistas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el Gobierno acapare el «mando único» en la lucha contra el coronavirus asumiendo algunas competencias de las comunidades autónomas.

Según el presidente extremeño, el país vive «momentos complejos» y añade que, «aunque algunos parecen no saberlo, el coronavirus no conoce los estatutos de autonomía. Ataca y ataca. Y la defensa es la unidad de acción».

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