La eutanasia vuelve al Congreso con el objetivo de ser aprobada antes de fin de año

La eutanasia vuelve a subir a la palestra. El Pleno del Congreso aceptará tramitar este martes la ley que el PSOE propone para despenalizar esta práctica, un texto que ya fue tomado en consideración en la Cámara baja en dos ocasiones anteriores. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año. Esta vez, los socialistas son optimistas y esperan que esta vez pueda ser aprobada antes de que acabe el año. Ciudadanos ya ha anunciado su apoyo, pero el PP se opone frontalmente y anuncia como «alternativa» una ley integral de cuidados paliativos, ya que, a su entender, genera más consenso en la sociedad y es lo que demandan los profesionales sanitarios.

Ascensión Cambrón, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), explica que la aprobación de esta ley vendría a «resolver problemas de un número importante de personas que cuando ven que pierden su autonomía y la medicina no tiene recursos para socorrerles, creen que tienen derecho a decidir sobre su final igual que han tenido responsabilidad para ir decidiendo el día a día». Para Cambrón, esta aspiración está «más que contrastada y aceptada socialmente», y lo que falta es que «sea incorporada como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico».

Recuerda que despenalizar la eutanasia no es sinónimo de imponerle nada a nadie, «sino que es permitir que aquellos que lo solicitan y está justificado no impedir que puedan ejercer ese derecho». La representante de DMD afirma que es «una petición transversal, ya que quienes lo solicitan son personas de distintas ideologías, incluso algunas que en principio no creen que lo vayan a pedir les parece muy bien que exista esa posibilidad». Compara su aprobación con la ley del divorcio y asegura: «el hecho de que exista no nos ha obligado a divorciarnos a los que llevamos cincuenta años casados».

Ascensión Cambrón explica también que el anteproyecto deja muy claro que «hay dos condiciones que son sine qua non para poder ejercer este derecho: que tengas voluntad libre y consciente de pedir que te ayuden a morir y tengas un diagnóstico determinado confirmado por dos médicos». A su juicio, son muy dañinas afirmaciones como la realizada por una diputada del PP en el Parlamento gallego que aseguró que si se aprueba la ley «uno se podía levantar con un dolor en el costado y acogerse a la eutanasia». Cambrón asegura que desde el colectivo DMD piden que la definición del anteproyecto implique a «personas afectadas con una dolencia irreversible que les provoque sufrimientos difíciles de soportar, porque esto daría lugar a que personas diagnosticadas, por ejemplo, de alzhéimer, puedan cumplir el deseo que han dejado por escrito a través de su representante».

Entre las posturas en contra destaca la del Foro de la Familia, que ha criticado que «el Gobierno del reto demográfico» priorice aprobar «leyes de muerte». «Que una de las primeras normas que el Ejecutivo quiera tramitar sea la de eutanasia, por delante de las necesarias medidas de apoyo a la familia y a los jóvenes frente a la despoblación, vuelve a evidenciar un Gobierno más preocupado por la ideología y el márketing que por abordar los verdaderos problemas de los españoles», ha criticado el director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez.

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró que la ley «va a salir sí o sí», para lo cual espera el apoyo de PP y Ciudadanos. Iglesias ha asegurado que las diferencias de matiz entre los dos partidos que integran el Gobierno de coalición se han resuelto para poder sacar adelante esta iniciativa. «Las diferencias están resueltas como no podría ser de otra manera. La gente no toleraría que diferencias de matiz lo retrasaran», ha asegurado.

«Reconocer un derecho no obliga a ejercerlo»

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha celebrado la propuesta de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE y ha defendido que la eutanasia «es una cuestión moral y de ámbito privado». Por ello, creen que «no parece razonable imponer a los demás las propias creencias en el marco de las decisiones individuales que solo le afectan a uno mismo». «Una vez más, conviene recordar que reconocer un derecho no obliga a ejercerlo, sino que facilita su uso por quien libremente lo desee», han reivindicado.

Así, consideran que «existe un gran apoyo mayoritario» entre la sociedad y los profesionales sanitarios acerca de regular este derecho. «Precisa de una regulación detallada, básicamente garantista que proteja frente a abusos, porque nos encontramos ante una actuación de carácter irreversible. Este proyecto de ley entendemos que responde a este criterio», resumen.

Por otra parte, piden que la Ley garantice el apoyo «sanitario y profesional», y que se realice dentro de la sanidad pública. Finalmente, apuestan por que la Ley contemple «mecanismos suficientes» para que su cumplimiento «pueda hacerse efectivo en todas las comunidades autónomas independientemente de sus posiciones ideológicas».

Una demanda de la sociedad

En la exposición de motivos de la proposición, el PSOE asegura que la ley que plantea da una «repuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia», porque el debate sobre este asunto «se ha abierto paso en nuestro país».

El texto concreta que podrán solicitar la prestación de ayuda para morir: «Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar informada y que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».