Así, consideran que «existe un gran apoyo mayoritario» entre la sociedad y los profesionales sanitarios acerca de regular este derecho. «Precisa de una regulación detallada, básicamente garantista que proteja frente a abusos, porque nos encontramos ante una actuación de carácter irreversible. Este proyecto de ley entendemos que responde a este criterio», resumen.
Por otra parte, piden que la Ley garantice el apoyo «sanitario y profesional», y que se realice dentro de la sanidad pública. Finalmente, apuestan por que la Ley contemple «mecanismos suficientes» para que su cumplimiento «pueda hacerse efectivo en todas las comunidades autónomas independientemente de sus posiciones ideológicas».