Aquellos que siguen accediendo a fuentes ilegales admiten hacerlo motivados por el precio (un 56 %, pero 10 puntos menos que hace tres años), la falta de oferta legal (un 30 %) y la percepción de que en el mercado ilícito se tiene acceso a una mayor variedad de contenidos (26 %).
Esta conciencia no parece darse del mismo modo en otros contenidos protegidos como la ropa o los accesorios de marca. En este caso, el precio ha sido determinante para que el 13 % haya comprado deliberadamente falsificaciones (un 1 % más que en el 2016).