La decisión judicial dejó en el limbo a las parejas que ya habían iniciado los trámites, una de ellas de nacionalidad española, aunque se permitió que siguiera adelante el único caso en el que había empezado el tratamiento médico, en el que la mujer finalmente no consiguió quedarse embarazada.
La norma volvió el pasado mes de julio al Parlamento, donde el Bloque de Izquierda intentó que se incluyese un periodo de arrepentimiento, pero ese artículo no pasó el trámite parlamentario. Con ello, el Parlamento acabó aprobando otra vez una ley que no subsanaba las objeciones del Constitucional, lo que la abocó a un nuevo veto.
