En España, la ley solo obliga a contratarlo a los dueños de perros potencialmente peligrosos
26 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Aunque los colectivos animalistas llevan años pidiendo la prohibición de la compra-venta de animales domésticos como principal arma de prevención contra el abandono, la realidad es que el mercado parece que no tiene techo y, año tras año, sigue creciendo. Solo en Galicia hay más de 610.000 mascotas apuntadas en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac), de las cuales el 96 % son perros. Y es que según los datos del Euromonitor International, la industria de los animales domésticos mueve solo en España alrededor de 1.000 millones de euros entre venta de animales, de alimentos, de servicios veterinarios y, cada vez más, de seguros.
En vista de la mejora de los servicios veterinarios y de la bajada de precios también de los seguros, cada vez son más las personas que se deciden a contratar una póliza para sus compañeros de otras especies. El 80 % de los servicios que contratan los usuarios son de responsabilidad civil, para hacer frente a los daños ocasionados a terceros; de defensa jurídica, para la representación en procesos judiciales; de gastos veterinarios por accidente; y de estancia en residencia canina, en el caso de que el propietario del animal esté hospitalizado.
Según la legislación española, el único caso en el que es obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil es en el de los dueños de perros potencialmente peligrosos (PPP). Dicha póliza debe cubrir daños a terceros con una indemnización de por lo menos 120.000 euros.
Pero, ¿qué es un perro potencialmente peligroso? Pues aunque la ley del año 2002 lo especifica en una pequeña lista, la elección de las razas que ahí aparecen es criticada desde entonces por los colectivos animalistas. El motivo de las quejas es que la entidad que asesoró al Gobierno de Aznar para la elaboración de esa lista fue la Real Sociedad Canina de España, cuyo director era Manuel Martín, que compaginaba esta función con la de presidente del Real Club Español del Perro de Pastor Alemán. Esto podría explicar que la legislación española, a diferencia de algunas de sus homólogas europeas, no considere al pastor alemán como un PPP. Más aún cuando es una de las razas que más muertes ha causado en Europa desde que se tienen datos.
Controversias aparte, con arreglo al tipo de raza -peligrosas o no- y de cobertura, el coste de las tarifas por año puede oscilar entre los 47 euros para el seguro de responsabilidad civil más sencillo y los 400 euros para el más completo con coberturas para accidentes, robo, servicios veterinarios, servicios funerarios e indemnizaciones.
Algunos colectivos animalistas y otras muchas protectoras como la de Amigos de los Perros de Carballo hace tiempo que pusieron sobre la mesa la idea de crear una suerte de «Seguridad Social para perros» que pudiese cubrir los gastos veterinarios de los animales que, en muchos casos, «se escapan de los bolsillos de la gente humilde» y que, en ocasiones, son causa de abandono.
Por ley en Madrid y País Vasco
En Madrid y el País Vasco, los dueños de perros, independientemente de su raza, están obligados por ley a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceras personas. En ambas comunidades, los perros potencialmente peligrosos son los canes más abandonados y los menos adoptados, ocupando casi el 90 % de las jaulas que, desde que se implantó la «ley de sacrificios cero», ocuparán, con toda probabilidad, durante el resto de su vida.
Una legislación inexacta
Las protectoras están de acuerdo en criticar la ley que desde el 2002 regula las categorías con las que se diferencian las razas peligrosas de las que no lo son. El problema es la situación incierta de los mestizos, que suele resolverse por jurisprudencia.
«El seguro de responsabilidad civil debería ser obligatorio para todos los animales»
El día que Ana Suárez comenzó a trabajar como voluntaria en el Refuxio de Bando, en Santiago de Compostela, también llegaba una pequeña perra que se llamaba Caldereta. Lo que Ana no sabía es que, dos años después, acabaría siendo su compañera.
Aunque Caldereta es un cruce de Amercian Stanford, está considerada una perra potencialmente peligrosa. Por eso, cuando Ana decidió adoptarla, además de las dudas por la mala reputación social que puede conllevar adoptar un PPP, también tuvo que lidiar «con una tediosa burocracia que supuso un proceso de más de tres meses» hasta que pudo abrirle la puerta del que sería su nuevo hogar.
Para conseguir la licencia oficial que la capacita para convivir con Caldereta, Ana tuvo que presentar al Concello de Santiago de Compostela sus certificados de antecedentes penales y administrativos -solo los relacionados con peleas de perros y crías ilegales-, el seguro de responsabilidad civil y el resultado de un examen psicotécnico que le pareció «tan protocolario, como el de conducir».
A medida que iba superando cada uno de los pasos que la separaban de la licencia, Ana se encontraba con que «en la Administración no contaban con la información adecuada y cualquier duda resultaba ser otra traba más».
Hace un mes que ya viven juntas y aunque no han tenido ningún incidente, su experiencia como activista en defensa de los derechos de los animales le hace pensar que «el seguro de responsabilidad civil debería ser obligatorio para todos los animales». Lo cierto es que en un accidente en carretera, que es un ejemplo bastante común, no implica ni la complexión física, ni el carácter agresivo del animal.
«No existen los perros peligrosos, los que son peligrosos suelen ser los dueños»
Para Ana no tienen ningún sentido hacer una diferencia entre esos dos tipos de perros que marca la ley porque «no existen los perros peligrosos, los que suelen ser violentos, son siempre los dueños, que luego condicionan al animal».
«Si te paras a pensar bien, la legislación sobre perros potencialmente peligrosos, apenas evita o previene ataques. Lo que sí que lo haría sería un examen psicotécnico más profundo y obligatorio para los dueños de cualquier raza de perro», añade Ana, que tacha la ley de partidista y hecha con solo con «afán recaudatorio».
