Galicia, en cualquier caso, no es la única comunidad que actualizará su ley para adaptarla a la nueva realidad social. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles un decreto por el que se fija una distancia mínima de 100 metros entre los salones de juego y los locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria. Habilita un servicio de admisión y registro en la entrada, donde una persona tendrá que identificar a quién quiera acceder a las instalaciones y establece que el 0,7 % de la recaudación impositiva procedente del juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de ludopatía.
El País Vasco plantea medidas parecidas, a lo que añade la prohibición de la publicidad del juego y apuestas en la televisión y la creación de un observatorio del juego. Baleares, Asturias, Canarias o Comunidad Valenciana refuerzan los controles de acceso a los locales y establecen distancias mínimas entre los locales y los centros escolares.
