Los obispos españoles preparan un protocolo que obligará a denunciar los abusos sexuales a la justicia

El actual solo establece que la autoridad eclesiástica aconsejará a las víctimas y a sus familiares que comuniquen lo ocurrido


madrid / colpisa

La Conferencia Episcopal Española (CEE) prepara un protocolo para la prevención y el abordaje de los abusos sexuales de religiosos a menores que establecerá como una obligación para todos los miembros de la Iglesia comunicar a la justicia cualquier hecho de esta naturaleza del que tengan noticia.

Así lo dio a entender ayer el secretario general de la CEE, cuando explicó que el borrador de nuevo protocolo que ha hecho la comisión española constituida al efecto «va en la misma línea» de las normas aprobadas las semana pasada por el papa para prevenir y perseguir los abusos a menores o a adultos vulnerables en el Vaticano.

Las nuevas directrices de la santa sede establecen de manera taxativa que cualquier abuso que sea conocido o detectado en el seno de la Iglesia debe ser denunciado a la justicia civil, e incluso establecen multas de entre 1.000 y 5.000 euros para quien no cumpla con esta obligación. A la pregunta sobre si el protocolo que ultima la Iglesia española también obligará a denunciar cualquier abuso, Luis Argüello contestó con un «seguramente sí». «Seguramente en estos días trabajaremos estos asuntos», completó Argüello en referencia a la asamblea plenaria de los obispos españoles, que comenzó ayer y durará hasta el viernes.

El protocolo contra los abusos sexuales vigente de la CEE, elaborado en el 2010 como orientación para las 70 diócesis españolas, solo establece que la autoridad eclesiástica aconsejará a las víctimas de abusos sexuales y a sus familiares que comuniquen lo ocurrido a la justicia, pero no obliga a dar el paso a clérigos, religiosos u obispos. La fórmula, que meses después adoptaron la mayor parte de las diócesis, no ha contribuido a desterrar el encubrimiento o el silencio cómplice, comportamientos que la propia jerarquía eclesiástica española reconoce ahora que se han dado en bastantes ocasiones.

La primera diócesis española que impuso a todos sus miembros la «obligación» de comunicar a la Fiscalía los datos o indicios que hubiesen conocido sin esperar a tener la certeza total de que los abusos sexuales se habían producido fue la de Astorga, que lo hizo con una reforma de su protocolo en el 2018..

Su iniciativa y modelo fueron copiados por otras diócesis, como las de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz, Plasencia o Sigüenza-Guadalajara. Las declaraciones de Argüello se produjeron minutos después del discurso con el que el presidente de la CEE abrió la asamblea plenaria. Ricardo Blázquez, que no concretó medidas para prevenir y perseguir los abusos sexuales a menores, sí que apuntó la necesidad de implantar la tolerancia cero y la denuncia obligada a la justicia.

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