La odisea de Ucrania en Eurovisión

Echando mano al refranero popular, si Ucrania montara un circo, tendría enanos de más de dos metros de alto. El país presencia ahora la enésima polémica política eurovisiva de este año. Después de que el viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, criticara al representante de su país por ser de origen egipcio y de la enorme controversia derivada de que sea Israel el país anfitrión del festival este mayo (las normas establecen que sea el ganador del año anterior quien acoja el certamen), el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha colado de lleno en la 64ª edición del Festival de Eurovisión.

Todo el revuelo comenzó la noche del sábado, cuando la cantante Maruv se alzaba con la victoria del Vidbir, programa dedicado a seleccionar al representante de Ucrania en Eurovisión, con su tema Siren Song. La artista partía como gran favorita y ya incluso se posicionaba en lo más alto de las casas de apuestas de cara al próximo mayo. Sin embargo, durante la gala ya se notaba la tensión, especialmente con preguntas a la artista totalmente alejadas del plano musical como «¿Crimea es Ucrania?». La cuestión se debía a que Maruv había actuado y preveía actuar en el futuro en Rusia, país con fuertes tensiones con Ucrania por el territorio de Crimea.

Ante esta situación, la televisión pública ucraniana, que tiene la última decisión sobre el representante del país en Eurovisión, rechazó confirmar la presencia de Maruv el próximo mayo en Tel Aviv. La artista hizo públicas las cláusulas del contrato desmesuradamente estricto que le pusieron sobre la mesa. Entre ellas se encontraban la obligación de que se hiciera responsable de todos los gastos, la «transferencia de los derechos de autor de la canción» o la «prohibición de hablar con periodistas sin el consentimiento de la cadena pública».

Vistas las exigencias, la cantante canceló su agenda en Rusia, pero esto no fue suficiente. La televisión pública ucraniana confirmaba que finalmente no será Maruv la representante de Ucrania al no haber llegado un acuerdo. El anuncio de la cadena aclaraba que «la artista, que representará a Ucrania en el ámbito internacional, también tiene un compromiso» que no es otro que convertirse «en un embajador cultural de Ucrania e informa no solo de su propia música, sino que también se convierte en el portavoz de la opinión de la sociedad ucraniana en el mundo». El anuncio incluye también una referencia a la politización, culpabilizando a la artista de la situación. «De acuerdo con las reglas de Eurovisión, el participante debe garantizar el carácter no político de la competencia», aclaran.

Tras no llegar a un acuerdo, la cadena pública pasó a su plan B: contactar con el grupo que alcanzó el segundo puesto en el programa. Pero otra vez fracasaron en las negociaciones. El trío Freedom Jazz hizo público en redes sociales un comunicado en el que rechazan ocupar el sitio de Maruv en Eurovisión.

 

Ahora el futuro del país en el festival se vuelve difuso. Con la descalificación de Maruv y el rechazo de Freedom Jazz, se rumorea que la cadena pública pueda retirarse de la competición. De seguir adelante, Ucrania podría enfrentarse a la descalificación por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por incumplimiento de las normas del festival. En el 2017, la UER dejó claro que Eurovisión no era un evento político y que cualquier país que utilizara el festival para hacer política sería descalificado. A pesar de que la cadena ucraniana justifica su decisión en la no politización del festival, la organización del certamen podría ver en la eliminación de la artista un intento de censura política.

Anteriores polémicas

No es la primera vez que el conflicto de Crimea se cuela en Eurovisión. En el 2016, la representante de Ucrania se hizo con la victoria interpretando su tema 1944, en el que hablaba de la deportación de los tártaros de Crimea. El certamen aceptó la canción defendiendo que ni el título ni la letra contenían mensajes políticos, lo que derivó en una gran controversia en la comunidad eurofán.

Al año siguiente, en el 2017, el país exsoviético fue el anfitrión del certamen y siguió con la polémica a cuestas. Esta vez prohibieron la entrada al país de la representante rusa alegando que había entrado ilegalmente en Ucrania años atrás. La decisión derivó en la retirada de Rusia de la competición y en una multa de 200.000 euros.