La demografía contra Casado: no es el aborto, es la (falta de) inmigración

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

CAPOTILLO

Los casos de interrupción del embarazo voluntario se redujeron en más de 15.000 desde la aprobación de la ley actual

10 feb 2019 . Actualizado a las 17:53 h.

«Si queremos financiar las pensiones debemos pensar en cómo tener más niños, no en abortar», reflexionó Pablo Casado. El presidente del Partido Popular recuperó uno de los pilares de su trayectoria política para devolver la interrupción voluntaria del embarazo al debate público. El líder de la oposición dejó clara su postura en numerosas ocasiones. En el 2015, siendo ya diputado en el Congreso, subrayó durante una entrevista en La Sexta que «el aborto no es un derecho».

El mismo discurso le llevó a ser elegido como relevo de Mariano Rajoy al frente del partido, con el apoyo explícito del grupo ultracatólico y antiabortista HazteOir. «No hay nada más progresista que defender la vida, ni nada más necesario que defender la natalidad», proclamó Casado. HazteOir llegó incluso a manifestarse contra su entonces adversaria política, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que posicionaban junto a José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente socialista fue responsable de aprobar la actual ley del aborto en el año 2010. La legislación contempla el aborto libre en las 14 primeras semanas; amplía hasta las 22 en caso de «riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto» y en cualquier momento si se observan anomalías en el feto. Desde su aprobación, el número de centros donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo aumentó.

Sin embargo, los casos de aborto se redujeron en más de 15.000 en los últimos diez años. La ley no parece haber tenido un impacto en el número de interrupciones voluntarias del embarazo, más bien al contrario. Sí coincidió con una mayor oferta de centros a los que pueden acudir las embarazadas.

En el año 2011 se produjo la mayor cantidad de abortos de la serie histórica, siguiendo la tendencia prácticamente constante desde finales de los años ochenta, según los informes del Ministerio de Sanidad. El aumento de los casos es acorde al cambio cultural en los hábitos de natalidad y fecundidad entre las mujeres españolas.

El número de nacimientos acumula varios años de retroceso. Tanto, en el primer semestre de 2018 se registró el menor número de nacidos desde 1941. La pirámide poblacional en España se estrecha por la base y ensancha en la punta, donde se asientan las personas de mayor edad. Según la Encuesta de Fecundidad de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres apuntan a las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, junto con las económicas, como las principales responsables de tener menos hijos de los deseados. Y, ante eso, la solución a corto plazo para solventar la crisis demográfica que pone en jaque el futuro del sistema de pensiones reside en la llegada de población extranjera.

El número de nacidos por cada 1.000 mujeres es muy superior entre la población extranjera. Tras un ligero retroceso entre madres españolas y de otra nacionalidad, las primeras siguen en declive frente al aumento de las inmigrantes. A favor de esta tendencia está la edad en la que tienen su primer hijo, hasta cuatro años antes que las españolas, por lo que cuentan con mayor fertilidad. Las madres españolas son las que más tardan en tener su primer hijo de toda la Unión Europea. Según datos de Eurostat, el portal estadístico europeo, esperan dos años más que el resto de socios comunitarios.

La demografía derriba el discurso de Casado, a favor de recuperar la ley de supuestos que despenalizó el aborto por primera vez, en 1985. Aquella legislación contemplaba tres posibilidades para interrumpir el embarazo: en cualquier momento si se observa un «grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada», en las 12 primeras semanas en caso de violación; o hasta las 22 semanas si el feto presentaba «graves taras físicas o psíquicas». La ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel para las mujeres que abortasen fuera de los tres supuestos.