¿Hay un VTC por cada 30 taxis en Galicia? Las cifras del conflicto en el sector

Las claves detrás de las movilizaciones que enfrentan a taxistas y conductores de los vehículos de turismo con conductor

Al décimo día consecutivo de huelga indefinida en Madrid, la solución al conflicto del taxi ni siquiera se atisba. Mientras los taxistas marchan por el centro de la capital, cortando el tráfico a su paso, el  sector del VTC (vehículos de turismo con conductor) amenaza con querellas criminales y miles de despedidos en Cataluña en víspera del decreto ley que limitará la capacidad de estos vehículos en la comunidad.

El principal factor que ha sacado a los taxistas de sus coches para protestar en las calles está en la legislación que regula el número de licencias de VTC. La opinión pública se sabe ya de memoria la proporción que les corresponde: uno por cada 30 taxis. La relación se introdujo por primera vez en 1987, hasta que en el año 2009 se liberalizó el sector, propiciando una expansión que fomentó la creación de la española  Cabify, en el 2011, y el desembarco de Uber tres años después. En noviembre del 2015 se aprobó el decreto que volvía a establecer la limitación de un vehículo por cada 30 taxis -si bien la ley había entrado en vigor dos años antes-.

Tras años de liberalización en el que la proporción quedó desajustada, el Gobierno de Pedro Sánchez trató de rebajar la tensión entre taxistas cediendo a las comunidades autónomas la capacidad de decidir si renuevan o eliminan las licencias. Eso sí, con un plazo de cuatro años para adaptarse a la exigencia de un vehículo de este tipo por cada 30 taxis. La medida no gustó en el sector VTC, pero menos aún entre los taxistas, que recrudecieron las protestas ante las dudas sobre esta moratoria hasta el 2022.

El Ministerio de Fomento hizo públicos los registros de taxis y vehículos de turismo con conductor por provincia para el mes de enero. A nivel estatal, son casi 6 los VTC por cada 30 taxis, una proporción que se dispara en las grandes ciudades y en provincias como Segovia. En Galicia, sin embargo, la legislación se incumple con casi 3 por cada 30. A Coruña es la que mayor número de VTCs tiene, con casi el doble que las tres provincias juntas, lo que la convierte en la decimonovena en el conjunto del país con una proporción más alejada a la legislación.

 

La asociación de vehículos con conductor Unauto VTC, que engloba a cerca del 90 % del sector, defiende que el ratio 1/30 sí se cumple. Interpreta que la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene carácter retroactivo, por lo que todas las licencias entregadas hasta entonces son legales. «Lo que dice la ley es que no se darán más autorizaciones de VTC mientras la proporción sea inferior a 1 VTC por cada 30 taxis, y esto ha sido así desde 2015», subraya.

Otra de las demandas de los taxistas parte del coste de las licencias, disparado desde hace años. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicado en el 2015 recoge el valor medio de una licencia en el mercado secundario (compra-venta), ante el déficit de nuevos permisos aprobados desde los ayuntamientos. Entre las pocas ciudades que compartieron sus datos ante el requerimiento de la entidad, los costes van desde los 139.750 euros en Toledo hasta los 220.271 de San Sebastián.

Un nuevo trabajo de la CNMC llega a analizar el mercado especulativo de las licencias de taxis, tomando el ejemplo de Barcelona, donde no se concedió un solo permiso entre 1980 y 2016 (año de publicación del estudio) -al igual que en Madrid-. «En términos absolutos, entre 1987 y 2016, el valor de una licencia de taxi en el mercado secundario ha aumentado un 503,7%», observa en la capital catalana.

Con el precio de las licencias disparado en un sector regido por la ley de la oferta y la demanda, los taxistas vieron una amenaza en las VTC, en el que los conductores parten de costes mucho más bajos para empezar a trabajar. Desde Unauto informan que, de inicio, la inversión es de 5.000 euros, si bien puede multiplicarse por diez en el mercado secundario.

Salarios y tarifas

Los empleados de empresas taxistas aprobaron un convenio colectivo en el 2017 que se extiende hasta este año, según el cual perciben un salario mínimo garantizado de 13.236,71 euros anuales brutos en catorce pagas, algo menos de 950 euros al mes fijos. Para los trabajadores de VTC, las cifras son más opacas. Chóferes del sector han denunciado en medios de comunicación unas duras condiciones de trabajo, con jornadas que superan las 15 horas y una retribución que no alcanza los mil euros anuales. También los hay que salieron a defender unos sueldos superiores a cambio de turnos más reducidos.

 

Las empresas con licencias VTC tienen que cumplir los convenios colectivos de alquiler de vehículos con y sin conductor. En el caso de los conductores de la Comunidad de Madrid, donde el convenio finaliza este año, el mínimo que perciben mensualmente roza los 900 euros, con un plus por hora extraordinaria de 10,6 euros la hora.

Ambos sectores cuentan con complementos de nocturnidad, festivos, productividad o antigüedad. Las tarifas en los VTC están liberalizadas, funcionando en función de la oferta de vehículos disponibles y la demanda de los clientes. Los coches se contratan mediante la aplicación, donde se fija el punto de recogida y el destino, indicándose el precio final del trayecto antes de comenzar el viaje. Las tarifas de los taxis son establecidas por los ayuntamientos anualmente, tras negociarse con las asociaciones del sector, aunque el coste final para el usuario varía en función de la duración y recorrido de la carrera.

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La guerra del taxi se trasladará a los tribunales. Lo ha confirmado esta mañana el portavoz de la Plataforma Integral del Taxi, Alberto Álvarez, acompañado por el juez Elpidio Silva en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Aterrizaron en la capital comunitaria para trasladar sus quejas por la intrusión de las VTC, Uber y Cabify en su gremio y la supuesta inacción del Estado español a la hora de cumplir con su obligación de supervisar la concesión y uso de licencias a la flota de estas empresas. Aseguran que las autoridades españolas han violado la directiva europea Bolkestein, que excluye del ámbito de liberalización del transporte al taxi en su artículo 21. Es por ello que emprenderán acciones legales vía administrativa. De no llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones por su «responsabilidad patrimonial» en las pérdidas millonarias del sector, acudirán a la Audiencia Nacional.

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