La nueva norma asume el mandato de la Unión Europea para reducir estos residuos
30 abr 2019 . Actualizado a las 19:00 h.El Parlamento balear ha aprobado la ley de residuos que restringe el uso de plásticos y, para ello, prohíbe productos desechables como pajitas, bastoncillos bolsas y bandejas de empaquetado, informa Efe. La norma, que contempla sanciones de entre 300 y dos millones de euros, asume el mandato de la UE de que en el 2021 los residuos que se generan deben estar un 10 % por debajo de los que producía Baleares en el 2010 y para el 2030 la reducción ha de alcanzar el 20 %.
Este objetivo pasa por la supresión de numerosos enseres plásticos como platos y vasos, pajitas, bastoncillos de oído y envoltorios desechables de productos frescos de los que emplean las tiendas, que tendrán que ser reemplazados por materiales biodegradables en el 2021.
Ese mismo año será el primero en que se prohíban las bolsas de plástico de un solo uso, los productos con microplásticos, las versiones no reutilizables de mecheros, maquinillas de afeitar y cartuchos de impresión y cápsulas de café hechas con materiales no compostables o fácilmente reciclables.
Con ocasión de su defensa, el responsable de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, de los econacionalistas de MÉS per Mallorca, ha destacado que se trata de una «ley pionera y valiente» a nivel europeo para impulsar «un cambio de modelo» que requiere del compromiso de «ciudadanos, administraciones y empresas».
El pleno acogió el debate de las enmiendas parciales a esta iniciativa del Ejecutivo autonómico del PSIB y MÉS, que cuenta con el apoyo externo de Podemos. El objetivo de esta ley es «afrontar el reto» de protección del medioambiente del archipiélago, tanto por parte de los ciudadanos como de los millones de turistas que llegan cada año a las islas, ha afirmado el consejero que ha subrayado que el «mejor residuo es el que no se genera». Vidal ha concretado que Baleares gestiona al año 800.000 toneladas de residuos y ha destacado el consenso logrado para la aprobación de la ley tras recibir unas 800 aportaciones. La regulación establece que los municipios tendrán que adaptar sus ordenanzas para promover la reducción.