El coordinador parental, una figura con luces y sombras que quiere llegar a Galicia
SOCIEDAD
El Parlamento debate su implantación en casos de conflicto grave de pareja si hay hijos menores
01 dic 2019 . Actualizado a las 23:30 h.«Nuestra única postura es la de proteger al menor». Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia, defiende así la figura del coordinador parental, que ya existe en Cataluña y comienza a implantarse en Madrid gestionada por esta fundación. Se trata de un especialista que trabajaría en los juzgados para tratar de solucionar conflictos graves de pareja en los que haya menores. El grupo socialista presentará este miércoles en una comisión parlamentaria una iniciativa para que se implante esta figura en la comunidad gallega.
Pero lo que para algunos es una buena noticia no lo es tanto para otros. La figura del coordinador parental no está exenta de polémica y entre los profesionales que se dedican al derecho de familia hay muchas reticencias. Concepción Rúa, abogada experta en este tipo de procesos, asegura que no solo no es conveniente ni adecuada, sino que incluso duda de su legalidad. Porque esta coordinación, si un juez la autoriza, es obligatoria, es decir, obliga a dos progenitores a sentarse a dialogar para tratar de llegar a un acuerdo sobre los hijos, «si no hay voluntad y hay una obligación de sentarse, el acuerdo se imposibilita todavía más». Ahora mismo ya existe la figura del mediador, un experto que ayuda en procesos conflictivos cuando hay menores en medio, pero siempre es voluntario, por lo que hay una intención de los dos progenitores para llegar a ese acuerdo. Al establecerse una obligatoriedad, y además en situaciones complicadas, «será contraproducente y negativo». Además, lamenta, otra de las características de esta figura es que no se garantiza la confidencialidad, con lo que, «no se genera confianza», dice Rúa.
De la misma opinión son varios colectivos gallegos, entre ellos la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores o la Asociación de los Centros de Información á Muller (Asocim), que han pedido que se paralice esta posible implantación. Montserrat González, de Asocim, asegura que su entidad es totalmente contraria a esta medida «ya que obvia que el menor tiene derechos, y si tiene razones para no querer estar con su padre habrá que escucharlo», explica. González recuerda que en los CIM ven a menudo muchos casos de violencia de género que no están denunciados y temen que estos coordinadores recomienden regímenes de visita que perjudiquen al menor «que también es una víctima».
¿Cómo funciona?
Esta figura, que en Madrid exige la realización de un máster para formarse, se incorpora cuando el juez pide su colaboración tras separaciones conflictivas, y en el cien por cien de los casos en los que se ha utilizado, apunta Lucía del Prado, se debe a incumplimientos reiterados del régimen de visitas. Del Prado insiste en que es el juez quien autoriza su intervención y quien decide las medidas a aplicar, tras el informe elaborado por el coordinador. Para la presidenta de la Fundación Filia «es una gran noticia que todos los grupos parlamentarios apoyen la figura», y asegura que «nunca vamos a aconsejar que el menor se vaya con una de las partes si supone algún tipo de peligro».
No es lo que opinan las asociaciones gallegas, para quien esta figura está auspiciada por quienes creen en el síndrome de alienación parental, «el mismo perro con distinto collar», lamentan.