Víctima de violación: «Era un policía muy borde, veía en su cara que no me creía»

a. torices MADRID / COLPISA

SOCIEDAD

Atlas

España está a la cola de Europa en denuncias de violaciones: 2,65 por cada cien mil habitantes, veinte veces menos que en Suecia. Amnistía Internacional asegura que las víctimas de la violencia sexual están «desprotegidas»

23 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Blanca recordó este jueves en la sede de Amnistía Internacional el calvario que pasó el 8 de mayo de 2016, cuando un desconocido la violó de madrugada, en Madrid, al volver a su casa. Calvario por la brutal agresión y calvario por el maltrato institucional que recibió, que la tuvo atrapada 16 horas antes de que pudiese siquiera ducharse. Contó cómo fue interrogada durante cinco horas en una comisaría con dureza por un policía «muy borde» al que «veía en su cara que no me creía», cómo tuvo que coger varios autobuses para ir con su madre al hospital, porque los policías le dijeron que no la llevaban, y cómo el médico tuvo que montar un escándalo con una juez para que la atendiese un forense que se negaba a acudir al centro sanitario.

«Estaba desesperada. Aparte de ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades, que se supone que tienen que ayudarnos, es muy fuerte. Para mí fue lo peor», rememoró esta española de origen colombiano, de 21 años, que habló de espaldas para no ser reconocida.

Enfrente, en la mesa de la rueda de prensa, la miraba Mónica Méndez con comprensión. Esta mujer perdió el 19 de abril de 2013 a Raquel, su hija de 15 años. La adolescente, que vivía desesperada por un adulto que la acosaba por Internet y la amenazaba con divulgar unas fotos íntimas suyas, se suicidó unas horas después de que ambas denunciasen al acosador, con nombre y apellidos, en comisaría y que los agentes les dijesen que, «por el momento, no podían hacer nada, que no podían detenerlo hasta que investigasen el caso». Cinco años después todo se solventó en los juzgados con una condena por coacciones y una multa que aún no ha pagado. «La vida de mi hija vale 2.000 euros. El Estado debe proteger a los menores, pero no lo hace», lamentó entre lágrimas.

Blanca y Mónica son dos de las 26 víctimas de violencia sexual y familiares que Amnistía Internacional (AI) ha entrevistado durante casi dos años para elaborar el informe Ya es hora de que me creas, un documento que denuncia que la falta de políticas públicas para prevenir, acompañar y ayudar a estas mujeres en España y el recorrido policial y judicial «lleno de obstáculos y prejuicios» al que se enfrentan las tiene «invisibilizadas» y «desprotegidas». El análisis, completado con conversaciones con 60 profesionales especializados (médicos, trabajadores sociales, abogados, forenses, psicólogos, ONG y responsables institucionales) y con la revisión de los planes, leyes y medios estatales y autonómicos, concluye que los derechos de estas víctimas -violaciones, abusos, acoso, trata...- «no están garantizados».

AI, tras las decenas de entrevistas, concluye que España está a la cola de Europa en denuncias de violaciones «por el miedo a no ser creídas, la estigmatización y los obstáculos» que sufren las víctimas. Ocupa el puesto 25 de 32 y registra 2,65 denuncias por 100.000 habitantes, 20 veces menos que Suecia. La ONG avisa de que, pese al olvido institucional, la violencia sexual no vinculada a las relaciones de pareja en España es «invisible, pero masiva», y que la única encuesta oficial que se acerca a esta realidad indica que la sufren más de un millón y medio de españolas y que el 80 % de los agresores pertenecen al ámbito familiar, laboral o al de los conocidos.