Más de mil litigios al año en Galicia para declarar la incapacidad con vigilancia de la gestión de los tutores
SOCIEDAD
Otro de los cambios que contempla la reforma se refiere al ámbito judicial. «Ya no va a ser un juicio oral salvo que sea contencioso. Si no hay procedimientos contenciosos, si es amigable, será una jurisdicción voluntaria», dice el fiscal. Los juzgados de familia de Galicia tramitan un millar de procedimientos de modificación de capacidad cada año. Según la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el 2017 hubo 1.019 pleitos de este tipo, de los que se contabilizaron 301 en A Coruña, 212 en Santiago, 194 en Ourense, 90 en Pontevedra y 222 en Vigo.
Los tribunales no solo deben decidir sobre la incapacitación de una persona (ya sea parcial o total) sino también sobre los internamientos, unas veces de ancianos que ya no se valen por sí mismos en geriátricos y otras de personas con graves problemas psiquiátricos. En Galicia, en el 2017, se tramitaron 2.828 demandas de internamiento, sobre las que el juez tuvo que acordar.
Como curiosidad, un tribunal de familia de Pontevedra estudió la posible estirilización de una persona incapacitada.
En los procesos de incapacidad, ha de acudir un forense y el juez a examinar a dicha persona. En el caso de los mayores, el juez hace preguntas sencillas como qué se puede comprar con un euro o cuál es el nombre del propio interesado. Una vez evaluado y declarado incapaz, se le nombra un tutor, generalmente, alguien próximo de la familia, que lo representará.
Actualmente, el tutor dirige todas las acciones de la persona incapacitada y gestiona sus intereses, incluido su patrimonio. Por eso, una vez al año deben enviar un informe al juez para rendir cuentas de su gestión y de los movimientos bancarios. El fiscal y el magistrado velan por que no haya abusos ni se despilfarre el dinero del interesado, sobre todo si percibe una pensión mensual del Estado o la Xunta.