El sindicato de prostitutas, contra el «feminismo burgués» del Gobierno

El Ejecutivo dice que no será complicado anular la constitución de la asociación creada por estas mujeres

Sabrina Sánchez es integrante del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras)
Sabrina Sánchez es integrante del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras)

redacción / la voz

«Queremos los mismos derechos laborales» que el resto de trabajadores». Ese es el argumento con el que la recién constituida Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) rebatió la decisión del Gobierno de anular la constitución del que sería el primer sindicato de trabajadoras del sexo en España. Tras desvelarse su aprobación por parte del Ministerio de Trabajo, su titular Magdalena Valerio reconoció que se había cometido un error que hay que corregir. Para el Gobierno no será difícil. Al menos es lo que ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá, al afirmar que «hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos». La asociación Otras acusó al Ejecutivo de «feminismo burgués», según informa Colpisa.

La actitud del Gobierno socialista no gusta al recién formado colectivo, que arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez por querer anular su constitución. «Merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española, ni uno más. Pero tampoco consideramos quedarnos con uno menos», afirmó la secretaria general del sindicato, Concha Borrell.

La actividad está regulada en varios países de Europa (Holanda fue uno de los pioneros), mientras que en España existe un vacío dado que no está legalizada, pero tampoco prohibida cuando esta es ejercida de forma libre y voluntaria. La prostitución «no es ilegal. Bien que se reparten licencias para abrir clubes de alterne», dijo Borrell, a la vez que afirmaba que «si es ilegal, que empiecen a cerrar burdeles y pisos, que empiecen a machacar a los empresarios. ¿Por qué no van a por esos burdeles? ¿A quién están defendiendo en realidad?»,

Beatriz Piñeiro, presidenta de Mulleres en Igualdade de la provincia de Pontevedra manifestó ayer su sorpresa al enterarse de la noticia y de la mala administración realizada por el Ministerio de Trabajo: «Es increíble que pase este tipo de cosas en el ministerio, es su responsabilidad. Me parece una dejadez de funciones que salga cualquier cosa sin que pase por la supervisión de la ministra encargada. Si se aprueba algo, debe haberse hecho con fundamento».

Los que salieron en defensa de Otras fueron los concejales barceloneses del equipo de Gobierno Jaume Asens y Laura Pérez, al avanzar que «la prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal» y han puesto como ejemplo que «los manteros, en una actividad que sí es ilegal, tienen un sindicato que ni el PP se atrevió a ilegalizar».

Para Asens, «lo que debería ilegalizarse es la Fundación Franco, no organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución u otros colectivos de personas vulnerables. Debería impulsar su auto-organización para protegerlas de abusos».

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