Argentina, expectante ante el rumbo del Senado sobre el aborto

De aprobarse, sería el tercer país de América Latina, tras Cuba y Uruguay, en legalizarlo

Manifestación por la legalización del aborto
Manifestación por la legalización del aborto

redacción / la voz

Los argentinos llevan días expectantes. En la explanada que hay frente al Congreso una valla divide a dos grupos de gente bien diferenciados por el color de sus camisetas. Unos llevan pañuelos verdes. Defienden el «derecho a elegir». Los otros tienen distintivo celeste. Son los que se oponen a la aprobación del proyecto de ley que daría luz verde al aborto libre hasta la semana catorce de gestación, convirtiendo a Argentina en el tercer país de América Latina, después de Cuba y Uruguay, en legalizarlo. No falta mucho para saber qué decidirán los senadores reunidos este miércoles para celebrar un debate que se augura largo. Al cierre de la edición, todavía no habían acabado de exponer sus argumentos los 65 de los 72 senadores presentes. Con todo, en vista de las declaraciones realizadas antes de comenzar el debate, todo apuntaba a que podría salir el «no». Es lo que también defiende el conservador Mauricio Macri, que pese a todo sabe que no puede poner vallas al campo, de ahí que haya dado libertad a los de su partido para votar lo que crean.

De salir el «no», el asunto no podrá volver a debatirse hasta el 1 de marzo del año que viene, cuando comienza el nuevo año legislativo. De lo contrario, quedaría aprobado de modo definitivo tras haberle dado luz verde el Congreso hace dos meses.

Hasta ahora, como recoge DPA, en Argentina únicamente puede practicarse el aborto en supuestos muy concretos. El Código Penal argentino, que entró en vigor en 1921, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre o cuando el embarazo fue un producto de una violación o de un «atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente», según la norma. 

En 2012, la Corte Suprema de Justicia, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal. Solo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona.

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