Fracasa en Galicia la iniciativa popular para regular la custodia compartida

Un informe dice que la comunidad no tiene competencia para legislar y los diputados vacían el texto de contenido


redacción / la voz

Lograron reunir cerca de 15.000 firmas. Con ese respaldo la Asociación de Pais e Nais Separados rogó al Parlamento gallego que tramitara una propuesta de ley mediante una Iniciativa Legislativa Popular para regular en Galicia la custodia compartida o corresponsabilidad parental y de relaciones familiares. Hace nueve meses, en octubre del 2017, los promotores de la idea se felicitaron después de que la Cámara admitiera a trámite su propuesta con el favor del PP y PSOE frente a la negativa del BNG y a que En Marea no votó. Les había costado mucho esfuerzo llegar hasta ahí, pero el primer paso estaba dado.

Populares y socialistas tenían sus dudas de que Galicia pudiera legislar al respecto, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional echara abajo la normativa valenciana. Pero comprobaron que era un tema que estaba en la calle y que había comunidades que lo habían puesto como fórmula preferente, como Aragón, o, la más deseable, como Cataluña y País Vasco. Entonces aceptaron debatirlo. Ahora, tras varias prórrogas para la presentación de enmiendas al documento que pedía que esta alternativa fuera prioritaria en el caso de ruptura de la pareja, el texto por el que tanto peleó el colectivo de padres ha quedado vacío de contenido.

Dictamen

Los grupos representados en el Parlamento gallego tardaron en debatir el asunto a la espera del dictamen de la Comisión Superior para o Estudo do Desenvolvemento do Dereito Civil en Galicia, que resolvió, aunque no por unanimidad, que la comunidad gallega carece de competencias para legislar en esa materia.

Para evitar que sucediera lo mismo que ocurrió con la normativa gallega de adopciones, anulada por el Constitucional a finales del año pasado, y que ahora mantiene en vilo a muchas familias, fuentes de los dos partidos (PSOE y PP) que en principio dieron luz verde a la tramitación parlamentaria justifican su cambio de postura en una cuestión «de responsabilidad», porque no quieren que lo ocurrido con la norma de adopciones se repita con la custodia compartida.

De ahí que hayan optado por presentar, al igual que En Marea y BNG, enmiendas a la totalidad del articulado. De esta forma dejan totalmente vacía de contenido la iniciativa legislativa popular. En el aire está ahora que ese texto en blanco tenga que ser debatido, o no, por el Pleno del Parlamento. La pelota está ahora en el tejado de los servicios jurídicos del Parlamento gallego.

Meses de incertidumbre

Tras meses de incertidumbre, las esperanzas de la Asociación de Pais e Nais Separados quedan evaporadas de ese modo porque eso, en la práctica, implica que la proposición de ley no prosperará. Desde el PP, la diputada Paula Prado explica que en principio le dieron luz verde, «aunque tenía dudas de que Galicia tuviera competencias al respecto».

Ahora lamentan «haber generado falsas expectativas a los promotores», al mismo tiempo que recuerda que su grupo había presentado también una proposición no de ley para que el Gobierno central legisle en la materia, como estaba en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos.

En junio del año pasado el Congreso aprobó en Madrid una moción presentada por Ciudadanos para instar al entonces Gobierno del PP a realizar, en el plazo de tres meses, los cambios debidos en el Código Civil para que esa sea la opción preferente. El borrador del nuevo texto legal lo recoge, pero lleva aparcado más de un año.

Conceder la custodia compartida va en línea con la doctrina marcada por el Tribunal Supremo en todos aquellos casos que las circunstancias lo permitan. De hecho, el número de las concedidas ha experimentado un aumento continuado en los últimos años. En Galicia, en el 2016 eran ya un 17,4 % de los casos. Pero como coinciden la mayor parte de los expertos en el tema, no es una cuestión en la que pueda aplicarse una norma general porque hay que hacer trajes a medida adaptados a cada caso.

De ahí que la postura sobre el contenido de la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento gallego por la Asociación de Pais e Nais Separados no sea unánime entre los distintos grupos representados, aunque ahora todos hayan presentado enmiendas a la totalidad del articulado. «Continuar adiante coa iniciativa despois do dictame que di maioritariamente que Galicia non pode lexislar, sería unha irresponsabilidade. O que haberá que ver e se ten que ir a pleno ou non porque isto non se deu en ningunha parte», apunta la diputada socialista Patricia Vilán.

«Tomadura de pelo»

Desde el BNG, la diputada Olalla Rodil apunta que su grupo «é partidario de que sexa unha alternativa voluntaria que non vaia por riba do interese dos menores». Además, entiende que era «unha barbaridade que se impuxera, mesmo nos casos nos que houbera un conflito entre os proxenitores. (...) O texto era perigoso e temerario. O que ten que procurarse é a corresponsabilidade dos pais». No deja de recordar que, a su juicio, «a tramitación da iniciativa lexislativa popular foi unha tomadura de pelo do PP, PSOE e En Marea, xa que se xeraron expectativas que agora se frustraron nun tema de tanta sensibilidade social».

La diputada de En Marea, Paula Quinteiro, recuerda que en la sesión en la que se decidía si la iniciativa era o no aceptada a trámite «houberamos votado en contra, pero coincidiu co pleno dos lumes. Cando pedimos a prórroga foi porque pensamos que ía ir para adiante e queriamos traballar na corresponsabilidade en tódolos momentos da vida, non só despois dunha ruptura».

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